Causa Carbón Blanco | Tras pasar casi un mes y medio detenido, el abogado Mariano Castellucci fue imputado por administración de fondos que provendrían del lavado. Una enorme operación política que se diluye, porque los cargos son mínimos.
Desde que Castellucci recuperó la libertad, la jueza chaqueña Zunilda Niremperger aclaró que había dictado el procesamiento por lavado de activos contra él, pero no había solicitado la prisión preventiva. En un primer momento, la bampolla política había hecho que al abogado se le atribuyeran sospechas de la más variada índole, y de eso se habían encargado los medios de prensa que responden al monopolio de la información coordinada desde el edificio municipal. Resonaban los cargos de asociación ilícita, pero Niremperger confirmó: “no hay elementos suficientes para poder vincularlo con la organización”.
Entonces, indica la lógica, ¿por qué vericuetos del procedimiento terminó rápidamente detenido? El 17 de marzo último, en un operativo conjunto que llevó adelante la Procelac en distintos puntos del país, en el marco de un desprendimiento de la investigación denominada Carbón Blanco, hubo allanamientos simultáneos: uno de ellos en el estudio de Castellucci, que fue detenido y trasladado días después a Chaco.
El megaoperativo partió de la causa donde se investigaba a una banda de narcotraficantes que transportaba clorhidrato de cocaína a Europa. Finalmente hubo siete detenidos: entre ellos, el abogado y docente Mariano Castellucci, profesor de la Facultad de Derecho en Sociedades Civiles y Comerciales, y justamente militante radical de Franja Morada (es socio de Daniel Núñez, presidente de la UCR local). Además, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Castellucci se desempeña como subsecretario Legal y Técnico, y en 2004 había trabajado como consejero del Colegio de Abogados de la ciudad. El presidente de dicha institución, Fabián Portillo, afirmó que la detención de su colega fue “como un baldazo de agua fría”, y que se enteró por los medios, por lo que no sabe con exactitud qué se le imputa. Gran apoyo.
Las primeras versiones decían que con el dinero que la banda narco adquiría de las ventas a Europa, se habían construido siete edificios en la zona de la vieja terminal, Varese y el barrio Stella Maris; de ahí el operativo que fue llevado adelante por el titular de la Procelac, el fiscal general Carlos Gonella, y el fiscal federal de Roque Sáenz Peña, Carlos Sanserri.
Los implicados
La justicia federal procesó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico al abogado Carlos Salvatore, y le trabó un embargo por 760 millones de pesos. Para la jueza federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, Salvatore formaba parte de una asociación ilícita a cuyos demás miembros -entre quienes se cuentan su mujer, su hija y su suegro- también trabó embargos, hasta superar los 1.600 millones de pesos. Ella afirma que estos imputados “habrían convertido, transferido, administrado, vendido, disimulado o aplicado de cualquier otro modo (conforme a la conducta que se le reprochará en cada caso) desde el año 2005 hasta la fecha de su detención, bienes, dinero, acciones societarias, etc., que serían provenientes del producido de la ilícita actividad del narcotráfico”.
El caso se llama Carbón Blanco en referencia al tráfico de una tonelada de cocaína disimulada en containers que transportaban carbón vegetal a Europa. La cuestión también cobró trascendencia cuando Salvatore fue grabado en conversaciones telefónicas en las que mencionaba un plan para el asesinato de la jueza.
Como se ha dicho, en el procesamiento intervienen el fiscal Carlos Sanserri y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella, que consideraron a Salvatore como jefe de la organización. Los demás imputados son la esposa del abogado, Silvia Susana Valles Paradiso, el empresario Ricardo Gassan Saba, y Santiago Valles Ferrer, suegro de Salvatore.
Castellucci era en realidad el abogado de Gassan Saba, pero la investigación estableció que el dinero obtenido del tráfico de drogas se derivó hacia emprendimientos inmobiliarios en Mar del Plata, inversiones en autos de lujo, proyectos cinematográficos, activos en Estados Unidos y empresas pantalla.
La resolución de Niremperger consideró “acreditado” que existió una organización estable, que se mantuvo en el tiempo y que estaba destinada a la comisión indeterminada de delitos, donde Carlos Alberto Salvatore tendría un rol de liderazgo al ejercer la presidencia en la mayoría de las sociedades. En otras figuraban su esposa Silvia y su suegro Santiago, reservándose en general, al menos, el cargo de director suplente. Afirma que este rol habría pasado a Gassan Saba ante la inminencia de su detención, ocurrida en 2012.
Salvatore gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, beneficio que resultó revocado hace unos días. Oportunamente le había dicho a su mujer telefónicamente que iba a matar a la magistrada y eso desató un capítulo complejo aun en el marco del proceso.
Sobre Castellucci, la jueza había dicho: “Fue indagado por presumir que integra una asociación ilícita cuyos orígenes datan del 2005 hasta la actualidad, destinada a dar apariencia de licitud a ganancias relacionadas con la exportación ilegal de clorhidrato de cocaína”. Agregó: “sería uno de los administradores de los bienes de origen ilícito, en principio. Esa es la sospecha. De acuerdo a todos los indicios en el expediente, tendremos que dilucidar si sabía de dónde provenían, porque la participación en la administración es casi evidente”.
El marplatense
El impacto de la detención del abogado Mariano Castelluci ha sido intensísimo por la dimensión que el imaginario político le concede a estas situaciones. Era hasta ahora un desconocido en la opinión pública de la ciudad, pero pasó a la escena de la prensa por la detención que finalmente había ordenado la jueza federal.
La causa Carbón Blanco es ya antigua: se originó el 8 de marzo de 2013, cuando policías de España y Portugal secuestraron cerca de 400 kilos de cocaína que habían llegado ocultos en cargas de exportación de carbón vegetal. Los cargamentos llevaban el logo de la empresa Carbón Vegetal del Litoral SRL, y habían sido envasados en la ciudad chaqueña de Quitilipi.
La jueza Niremperger abrió entonces una investigación, porque sabía que otros dos contenedores de 20 toneladas cada uno habían sido despachados en Quitilipi, y ordenó los allanamientos. Uno de ellos todavía estaba en el puerto de Buenos Aires. Allí, un perro adiestrado detectó que en 77 de esas 1.050 bolsas había anomalías.
Gorosito era el nombre de quien producía carbón en la zona de Suncho Corral. El hombre había expandido sus actividades, y por un breve lapso resultó importante en el universo del fútbol del interior. Así, la causa llegó a Mar del Plata como un desprendimiento de esta principal, y pretendió establecer cuáles eran los mecanismos de blanqueo del dinero ilícito de la droga.
Pero los condimentos fueron varios: la esposa de Castelluci se desempeñaba como funcionaria en la Fiscalía General de Cámaras, que depende directamente de Daniel Adler. Castellucci, a su vez, resulta cercano por sus actividades políticas a Maximiliano Abad. Además, en esta causa interviene el fiscal especial ante la Procelac Carlos Gonella, uno de los funcionarios cercanos a la procuradora Gils Carbó, que junto con Adler participa del corpus Justicia Legítima.
Así fue que el allanamiento al estudio que Castelluci comparte con otros abogados duró catorce horas, pero transcurrido un breve lapso, se ponía en marcha una campaña de prensa destinada a generar un escándalo de proporciones sobre la comunidad, a través de los medios de prensa leales al Ejecutivo local. Se dijo, por ejemplo, que los propietarios de departamentos del edificio de Libres del Sud 2079 –una de las propiedades mencionadas en el expediente- habían expresado su preocupación por la situación que vivían, ya que no iban a poder escriturar esas propiedades porque el edificio estaría relacionado con la causa Carbón Blanco y el presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Se decía que el abogado marplatense Mariano Castellucci era apoderado de la empresa, por lo cual la firma dueña del edificio se encontraba inhibida desde el pasado 17 de marzo, a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac.
Pero en realidad, uno de los propietarios en ese edificio dio precisiones significativas respecto de la participación del abogado radical. Se trata de Lucas Manchón, quien contó que en julio de 2010 compró el departamento que hoy habita, y que fue a finales de 2012 cuando empezó el problema, con la detención de Salvatore: “Mucho antes habíamos comprado de buena fe y no sabíamos la situación de estas empresas que manejaba. El edificio se fue terminando con el dinero de los propietarios”.
Él indica que unos años después de la operación inmobiliaria apareció Castellucci, pero con una función muy distinta a la que se ha mencionado: “Castellucci aparece en distintas oportunidades realizando gestiones. Lo conozco cuando comienzo las acciones judiciales contra la empresa porque había una demora en la entrega de las unidades. Se presentó como abogado de la empresa para gestionar con nosotros estas demandas judiciales”, señaló. Luego agregó: “todo acuerdo al que llegué lo hice a través de él y mi abogado. Toda decisión la consultaba con la empresa, lo único que hacía era cerrar un acuerdo judicial que yo había iniciado. Eso es lo que me consta a mí”. Es decir que, lejos de utilizar fondos de lavado de dinero para terminar el edificio, son los mismos propietarios los que hoy siguen poniendo su propia plata para tener servicios mínimos: “El avance de este edificio se hizo únicamente con el dinero que nosotros poníamos”, agregó.
Sin embargo, Castellucci estaba acusado de poner en circulación, administrar, vender y transferir las unidades funcionales del edificio de Libres del Sud 2079 de Mar del Plata que fueran construidas por la firma NS Administraciones, y cuyas sociedades estuvieron conformadas por Carlos Salvatore y Ricardo Gassan Saba, aunque él nunca integró su directorio. Hoy la jueza se expide diciendo: “el análisis de la totalidad de la prueba me persuade acerca de que Mariano Jesús Castellucci ha administrado propiedades de las personas jurídicas aquí cuestionadas, a través de las cuales se ha introducido dinero de origen ilícito por medio de una serie de operaciones, con el propósito de cortar todo lazo con las fuentes que los originaron y dotarlos de una apariencia de licitud”.
Y eso es todo, después de la bambolla, el escándalo y los medios. Después de haber tratado al abogado como si hubiera sido parte de una asociación ilícita de narcotraficantes, como si hubiera sido parte de una banda de criminales, se afirma que puede haber participado de la administración de un edificio que podría haberse comprado con dinero ilícito. Escrito así, aunque hoy sus propietarios desconocen la participación del imputado en los hechos.
Una vez más, las voces del poder. Un poder que puede enviar preso a alguien 43 días en una provincia lejana, cuando en realidad sólo puede reprocharle participar de la administración de un edificio donde puede haber habido dinero lavado. Y encima, ese “alguien” es un opositor político. Si hay una cuestión traída de los pelos…