Desde siempre, dos más dos ha sido cuatro. La suma de Carlos Gonella, fiscal jefe de la PROCELAC, y Daniel Adler, fiscal general de Cámaras de Mar del Plata, integrantes ambos de Justicia Legítima, da dos, y su accionar en conjunto en la falacia pergeñada para detener y someter a el escarnio mediático al abogado Mariano Castellucci, sólo puede dar cuatro.
Este puzzle político judicial se explica por razones que, quizá, por estar a la vista de todos, aparece oculta al sencillo entendimiento del común; el propio Mariano Castellucci pasó los cuarenta y tres días de detención en Chaco, a disposición de la jueza Zunilda Niremperger, preguntándose una y mil veces “por qué yo”. Sus conmilitones, con Cristina Coria, a la cabeza lo arrojaron al fuego del sacrificio; sus amigos y socios lo negaron como Judas a Jesús, y sus compañeros de ruta en la Universidad Nacional de Mar del Plata se lo sacaron de encima tan pronto como tardaron en intercambiar mensajes por Whatsapp.Nadie atinó a pensar en que hay un precepto constitucional que afirma que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario; aquí primó el de determinar que la mera acusación establecía ya no el estado de sospecha, sino la condena lisa y llana, política y moral.
En la investigación central de la presente edición, bajo el título “Traído de los pelos”, unimos aquello que ya habíamos dejado establecido en una columna de tapa de hace algunas semanas (Verás que todo es mentira) con información reciente, para así graficar la real situación de Castellucci, que lejos está de ser la de alguien que participó en la operación denominada “Carbón blanco”, o que esté vinculado con el lavado de dinero.
La figura que la jueza utilizó para justificar la detención de Castellucci fue la de “administrador del consorcio Edificio Libres del Sud”. ¿En qué acápite de la ley penal está el delito de “administrador de consorcios”? Porque Niremperger no cita acciones propias de los delitos investigados, delitos conexos al tráfico de drogas tal como es el lavado de activos. Entonces, si nada justificó su detención, ¿por qué detuvieron a Castellucci? La respuesta está en el diario La Capital y los dos medios caracterizados judicialmente como “extorsionadores de la política” -según sostiene el abogado Fernando Herrera-, 0223 y loquepasa.net, que a una publicaron imágenes vinculando a Castellucci con Maximiliano Abad y por conexa figura, con el senador Ernesto Sanz. ¿Y qué tiene que ver? Que como ya ha sido señalado, Gonella y Adler integran el corpus Justicia Legítima; que Gonella ha sido citado ya seis veces (hoy son siete) por el juez Claudio Bonadío, y su carrera judicial y su misma libertad están en juego; y que Daniel Adler está denunciado por armar causas con objetivos políticos concretos, tal como queda claramente establecido en los dichos de Claudio Kishimoto, hoy fiscal federal en Santa Fe.
Quizá debiera decir que dos más dos da cuatro, más dos, seis. El único objetivo razonable de la detención de Castellucci es tomarlo como rehén político para abrir una negociación con vistas a obtener impunidad ante el próximo cambio de gobierno. La maniobra fracasó por imperio de la conducta del propio Castellucci: no habilitó la negociación política que le ofrecían, declaró ante Niremperger sin siquiera ver la causa, y siempre afirmó “soy abogado, sólo eso, y sólo hacía mi trabajo”.
La semana próxima, más sobre este tópico.