Tremenda mentira

Los policías acusados de entorpecer la investigación por la muerte de Dardo Molina fueron por fin llamados a declarar. Se trata de nueve efectivos responsables de haber alterado documentación y pruebas para encontrar falsos culpables del crimen. Dos años y medio después, siguen en actividad y hasta han ascendido.

La declaración de Liliana Pérez, abogada de la familia Molina, es contundente.

No puede explicar por qué recién ahora son llamados a declarar los policías que intervinieron efectivamente en alterar la investigación posterior al ataque contra el comerciante Dardo Molina, cuando el fiscal Moyano había ordenado la investigación en febrero de 2011.

“La causa se encontró con muchas trabas”, explicó, y no es difícil imaginar las más variadas razones. Aun la división de Asuntos Internos de la Bonaerense se abstuvo de actuar, y los acusados jamás fueron ni siquiera suspendidos preventivamente, menos aun puestos en disponibilidad. Por el contrario, siguieron trabajando y hasta fueron premiados con sendos ascensos.

Recién ahora, la Fiscalía 10 de Delitos Económicos pudo emitir el oficio que obliga a Pedro González, Juan Pablo Velázquez, Miguel Horacio Carchio, Claudio Daniel Cacciacarro, Carlos Alberto Rivero, Marcos Andrés Romero, Luciano José Spina, Miguel Rolando Parrado y José Luis Camargo a presentarse a declarar sobre el caso. La salvedad es que los dos últimos deberán ser trasladados desde su sitio de detención actual -la Unidad 44 de Batán-, donde permanecen tras haber sido condenados por liberar al asesino Santucho a cambio de una suma estimada en 280 pesos.

La noticia sorprende, porque aun en la consideración de presunta inocencia, sobraban los elementos para iniciar la investigación que involucra a los bonaerenses, la cual se ha visto detenida por un plazo extenso sin que medie justificación legal.

Según se menciona en la citación, las pruebas y testimonios bastan para que los fiscales Lorena Irigoyen y Carlos Bruna acusen a los policías de haber tramado una estrategia conjunta, con el fin de involucrar a dos personas ajenas al hecho, en el asesinato de Molina.

Al respecto se narra que Pedro González se encontraba de guardia en la comisaría decimosegunda de Mar del Plata, y fingió entonces haber recibido una llamada anónima, el 24 de septiembre de 2010, en la cual le habrían brindado información concerniente al caso. En esa comunicación habrían sindicado como autores de la agresión a Daniel Martín Aguirre, y a un menor apodado “El poroto”. La supuesta llamada fue falsamente inscripta en el libro de guardia de la seccional.

El 27 del mismo mes, los mencionados Velázquez – de la comisaría 16- Carchio, Cacciacarro –de la sexta-, más Rivero, Romero y Spina de la comisaría 12, se presentaron en la casa de calle Falkner 8536, ingresaron por la fuerza y sin orden judicial que los avalara. Allí detuvieron a Aguirre cuando estaba durmiendo. Los datos del domicilio del entonces detenido habían sido proporcionados por los hoy detenidos Camargo y Parrado. de la comisaría sexta.

Fue un verdadero secuestro, tras lo cual el mencionado Aguirre fue conducido a la comisaría sexta, sitio en el que fue golpeado salvajemente, según declaró en el juicio a Santucho, con el fin de que se hiciera cargo de un crimen que efectivamente no había cometido.

Después de la detención ilegal, los policías intervinientes se reunieron en la mencionada sede –es decir donde estaban torturando a Aguirre- y redactaron un acta también falsa, en la cual daban cuenta de un supuesto enfrentamiento que se habría producido en la calle Falkner entre 202 y 204, sitio en el cual el detenido les habría apuntado con un arma tras una breve persecución, a pesar de que ellos habrían dado la voz de “alto policía”.

Dicha persecución habría terminado en la morada de Aguirre, donde se habría producido la detención. La mentira se orquestó para lograr justificar el acto ilegal de aprehensión que ellos mismos habían ejecutado, con el fin de responsabilizar del crimen a quien no lo había cometido y, por alguna razón, alejar las sospechas de Santucho.

Con tal ardid, lograron que el fiscal Mariano Moyano solicitara la orden de registro del domicilio, y el juez de garantías Saúl Errandonea la aceptara.

Estrategia imperfecta

Ya estaban a sus anchas. Una vez que consiguieron los documentos, elaboraron un acta apócrifa del registro de la casa de calle Falkner, donde dijeron que dentro de un mueble habían hallado una pistola Bersa calibre 22, con numeración 86570, cuya tenencia fue atribuida a Aguirre.

Según indican los fiscales, para ese momento los funcionarios policiales estaban en pleno conocimiento de que se trataba del arma que había sido incautada a Santucho el 22 de septiembre anterior, por los oficiales Camargo y Parrado, ambos numerarios de la seccional sexta.

El arma había sido colocada allí con anterioridad para poder dar sustento a la aprehensión ilegal de Aguirre.

El menor acusado también fue detenido, y después de investigarlo fue liberado por la justicia del menor cuando se hubo comprobado que era ajeno al hecho, al igual que Aguirre, que en nada coincidía ni con el reconocimiento de los testigos, ni con los datos de la moto en la que se movilizaba el asesino.

En efecto, el verdadero culpable había sido interceptado por la policía horas antes del asalto, quienes lo habían liberado después de incluso subirlo al patrullero y pretender conducir su moto roja hasta la seccional sexta. Se habla de un arreglo por una suma que rondó los 280 pesos, aunque los hoy detenidos por el cohecho -Parrado y Camargo- declararon haber recibido órdenes de sus superiores para liberar a Santucho.

En el mismo día, el mencionado culpable del crimen se detuvo en las inmediaciones del barrio a relatar los sucesos acontecidos con la policía, y allí fue oído por una vecina, luego responsable de la denuncia.  Después se dirigió al mentado polirrubro “Silvia”,  donde ingresó con un casco de moto puesto, y un arma de grueso calibre con la que le disparó a Molina. Lo hizo cuando supo que el movimiento rápido de la víctima conducía a buscar un arma, escondida bajo el mostrador.

Juan Sebastián “Tatán” Santucho recibió la pena de prisión perpetua, comprobado responsable directo de la muerte del comerciante marplatense Dardo Molina, en el asalto del 22 de septiembre de 2010. Así lo dispuso el Tribunal Oral N° 3, encabezado por los magistrados Eduardo Oscar Alemano, Juan Manuel Sueyro y Jorge Daniel Peralta. En tanto, los ex policías involucrados en la liberación del asesino -Miguel Rolando Parrado y José Luis Camargo- recibieron la pena de 5 años y medio de prisión, si bien el fiscal Mariano Moyano había pedido 13 y la abogada de la familia de Molina, Liliana Pérez, una pena de 20 años por considerarlos “partícipes secundarios del crimen”.
Alemano, Sueyro y Peralta encontraron a Santucho culpable de los delitos de “homicidio calificado, portación ilegal de arma de guerra, cohecho y encubrimiento”, mientras que a los ex policías se los condenó por “cohecho” y se los inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos. Negada la excarcelación, se dispuso la detención preventiva de ambos.
En ese juicio oral, Aguirre- el falso acusado- prestó declaración, y allí mismo el fiscal pidió la apertura de una causa paralela para investigar estos hechos, al igual que la fiscalía de menores solicitó investigar en otra causa la falsa detención del menor, alias Poroto. Ninguna de las dos investigaciones han sido localizadas, y la misma abogada de la familia Molina, Liliana Pérez, dice que desconoce su ubicación.

La muerte del comerciante, como se sabe, ocurrió a mediados de diciembre de 2010 en el hospital de Tres de Febrero, donde estuvo internado tras ser baleado tres meses antes, en su kiosco en la esquina de Luro y 190. En el caso también estuvo imputado un menor de 17 años, al que el fuero juvenil condenó, pero en carácter de cómplice, pues no dejó nunca la moto en que se desplazaba.

Después de tanto tiempo, resulta inexplicable que hechos de corrupción de semejante gravedad continúen siendo silenciados por la evidente connivencia que ha reducido los voluminosos cuerpos de la investigación a un pasillo ignoto, donde guardan luto por la muerte de la justicia misma. La impunidad con la que han actuado los efectivos policiales, no puede dar más que miedo, mucho más cuando se sabe que ninguna consecuencia han tenido sus actos, aun cuando el secuestro y la falsa acusación de Aguirre fueron revelados en pleno debate oral. Ni  siquiera la división de Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires quiso suspender a nadie.

Entonces, ¿quién es Santucho, en realidad? ¿Por qué era imprescindible que no se lo vinculara con Molina? ¿Qué cuentas debía pagar el tal Aguirre?

Sin respuestas. Pero es justo considerar que, según informa Liliana Pérez, las denuncias contra la policía efectuadas oportunamente debieron dirigirse en primera instancia al Ministerio de Seguridad, que debió ser el ámbito institucional que asegurara la imposibilidad de la impunidad ante un hecho de corrupción semejante.

Pero el dato más relevante es que se sabe que los fiscales de delitos económicos solicitaron la detención de los investigados, en virtud de la gravedad de las denuncias que implicaban un hecho de connivencia policial en el cual se mencionan varias seccionales de la policía. Se sabía que habían ido detrás de un propósito que no se terminaba de aclarar, pero que indudablemente no podría jamás terminar en la exigua cantidad entregada por Santucho para comprar su libertad.

Sin embargo, la detención les fue denegada. Para la justicia, el secuestro, el allanamiento de morada, el falso testimonio agravado, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la falsificación de instrumento público, delitos cometidos en concurrencia y en banda, no son suficientes para que se solicite la detención. Ni siquiera para que se les impida un ascenso exitoso.

Todo suena a mentira, a una mentira terrible. La que no deja de preocupar a la mirada del hombre común, que ya no confía en el palacio de tribunales, y no puede encontrar ninguna razón para recuperar su confianza en la policía, porque la institución no lo ayuda.