Un hilo conductor, muchas «casualidades»

¿Llega o no llega la «movida electrónica a Chapa»? ¿Qué motiva a un grupo de vecinos —liderados por Kanki Alonso y el colectivo Luna Roja— a detener la programación de una fiesta organizada para enero? ¿Qué hay en medio (y detrás) de esta lucha en el sur de la ciudad?

Con el anuncio de la presencia para el próximo 6 de enero del DJ nerlandés Eelke Kleijn, una figura relevante del mundo de la cultura musical electrónica, se desató una fuerte envestida contra El Calamar Locoubicado en el balneario Casa Pampa Playa RCT.

La visita del DJ motivó a que el colectivo Luna Roja desplegase una importante acción de repudio que incluyó desde asambleas en El Calamar Loco hasta mensajes directos vía Instagram y audios de WhatsApp intentando desalentar la presencia del músico en el lugar. Pese a la relevancia del exponente internacional, esta historia tiene actores locales: el propietario del emprendimiento donde se realizará la fiesta, Roberto Fioca, y los miembros del colectivo Luna Roja. Algunos fueron identificados y señalados en sede policial por Fioca, quien denunció en la comisaría 13ra los destrozos en su emprendimiento y las amenazas sufridas por él.

Los hechos

Es evidente que hay personas a las que no les interesa que Chapadmalal pueda tener una propuesta diferente de la que hoy se conoce, más vinculada con un espacio de playas agreste y con una tendencia a la preservación natural del medio ambiente. Y accionan para que ese perfil no se modifique, en absoluto.

La posibilidad de que se concrete en El Calamar Loco la presencia de Eelke Kleijn fue tomado como una afrenta a los principios del conservacionismo lugareño. Y, una vez anunciada y promovida su llegada para la primera semana de 2023, se desplegó el dispositivo de coacción contra Fioca con un solo objetivo visible: frenar la presencia del artista.

Como resultante de esta cuestión, a la que se oponen los miembros del colectivo Luna Roja, el comerciante que controla El Calamar Loco y vive en la zona de Chapadmalal desde hace 30 años fue amedrentado.

El pasado domingo 11 de diciembre un grupo de manifestantes se concentraron y habrían ingresado a la propiedad privada que Fioca explota comercialmente, destrozando la cartelería identificatoria del lugar. Así se detalla en la denuncia formulada en la comisaría contra Kanki Alonso, Juan Carlos Reinar, Victoria Brea y una persona identificada como «Rocus el que hace tablas». Todo consta en la denuncia FD00001522-0447940/2022 que dio origen a la IPP031816-22 a la que tuvo acceso Noticias & Protagonistas. En los hechos se resaltan amenazas y daños.

Los delitos tipificados en la causa contra los denunciados se enmarcan en los artículos 149 bis y 183 del código penal, estableciendo la pena de prisión para ambos, en caso de corroborarse la comisión de los mismos.

La violencia de los manifestantes —para Fioca, desmedida en función de la situación— generó que éste tuviera que presentar, además, una medida cautelar de restricción de acercamiento para él y los miembros de su familia. En la misma solicita que se restrinja a los integrantes de Luna Roja el acercamiento a la vivienda y lugar de trabajo de Fioca y su familia.

Antes hubo intentos de entendimiento. Pero las partes no lograron congeniar, porque del lado de los agresores sólo llegaban mensajes con amenazas y fuerte contenido agraviante al teléfono celular que se había ofrecido para poder encontrar puntos de acuerdo en el proceso.

Entre el material abundante que el denunciante presentó en sede policial se puede observar fotos y videos del destrozo ocurrido en el lugar. Y lo que es peor: están los audios de WhatsApp en los que se escucha a los denunciados coaccionar para que el evento no se realice.

De la documental que instruyó en sede policial se desprende que los manifestantes «vociferaban insultos y reacciones violentas con frases tales como “si hacen el show, los vamos a prender fuego”» (sic).

En una conversación a la que tuvo acceso este medio, Rufus —así se identifica a la persona que habla— le envía un mensaje de audio a otra persona a la que llama «Marcial» donde le expone que son cada vez más los chapadmalenses que se oponen a la realización de la fiesta. También le advierte que se van a realizar cortes de ruta los días del evento, que eso será «muy estresante para ustedes» y remata diciendo que «no vamos a tolerar, ni en pedo, una fiesta electrónica acá. Y menos que dure hasta la una de la mañana. Olvídate».

Por Instagram se cursaron agravios. En un mensaje directo sobre la promoción de la Historia de la red social de los organizadores, aparece un texto donde señala: «no aparezcas por chapa ya te avisamos, no hagas Fiestas así en lugares que no sos bienvenido, andá a tocar adentro de un container». El resto son insultos que no valen la pena mencionar.

Todo esto, en un marco de apriete fenomenal.

El trasfondo

Cuanto menos, y a solo un simple vistazo, el trasfondo parece ser reivindicativo. Chapadmalal es un lugar casi sagrado para un grupo de vecinos que viven allí y que podrían caracterizarse como pioneros. Que décadas atrás veían el lugar como algo soñado por su tranquilidad y el «aire puro» que se respira. Y que ahora son esos pioneros quienes miran de costado la manipulación que de un tiempo corto a esta parte está sufriendo el luego, impregnado de misticismo. Hasta con cierta conexión ideológica con las reivindicaciones mapuches que se observan en el sur de nuestro país, y que allí se tornaron moneda corriente.

En General Pueyrredon, esa bellísima zona al sur del partido, es a Mar del Plata lo que a la Patagonia o a Bariloche podría significarle Villa Mascardi, siempre en el hipotético análisis conceptual del asunto. Tierras pretendidamente ancestrales de pueblos originarios que no pueden ser mancilladas ni contaminadas por la mano del hombre. Más o menos así.

Porque, incluso, en las reivindicaciones de los grupos radicalizados mapuches, ese lugar del litoral marítimo bonaerense apareció en los mapas que circularon —tiempo atrás— acerca de la que otrora fuera la nación indígena por la que disputan distintos colectivos de pueblos originarios.

Pero, recientemente, y luego de la sentencia condenatoria a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, las cosas han cambiado en la Justicia. Todo el sistema de está tornando a hacer imperar el estado de derecho. La Cámara Federal de Comodoro Py suspendió la transferencia de casi 200 hectáreas del Ejército Argentino que iban a ser traspasadas a la Millalonco Ranquehue, una organización de la comunidad mapuche que las reclamaba, esgrimiendo como argumento la presencia de los pueblos originarios en ese lugar en el siglo XIX. Por ahora, la transferencia no sucederá. Mientras tanto, en el departamento judicial de General Pueyrredon esa cordura todavía no llega.

El capítulo local de esta historia, con los sucesos del 11 de diciembre, hace que se enfoque la trastienda más amplia en el escenario imaginario del conflicto. Chapadmalal, un lugar aun no desarrollado por completo en lo urbanístico, que tiene amplias condiciones para convertirse en la proyección natural de la ciudad, a la que dotada de servicios sanitarios podrían posicionarla como un área exquisita, única por su comunicación con el mar y la naturaleza, aparece como la presa de una eventual cacería donde la Justicia todavía no acciona. O lo que es peor, los particulares imponen su propia justicia.

Se puede ver en un video al que también tuvo acceso N&P, que fuera subido en Instagram, que un grupo de personas con pancartas y proclamas exponen mensajes como «Decimos basta a la explotación de nuestras playas» u otras como «Rechazamos fiestas electrónicas en nuestras playas. Acantilados». Como fondo, la canción de Calle 13 agrega una mística peculiar: “(…) el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor”

Cabe preguntarse, hasta aquí, por qué alguien, con un emprendimiento genuino, no puede convocar un evento en un establecimiento habilitado y autorizado para tal fin. ¿De quién es la jurisdicción del lugar? ¿De la comuna? ¿De los colectivos conservacionistas? ¿De nadie?

La misma presión social que se ejerce en el sur argentino —piquetes, amenazas, ¿fuego?—, con actores ideológicamente alineados en sus motivaciones con los que se pueden observar en Mar del Plata, conllevan a manifestaciones violentas: en Chapadmalal, Acantilados y la zona sur, sobre las playas; más al centro, ante la inminente exploración offshore, frente a Playa Bristol.

Un idéntico hilo conductor: reivindicar luchas ajenas a estas tierras en función de, hasta aquí, dos claros ejes comerciales como son las tierras en las áreas lindantes con el límite con General Alvarado y el resultado de un eventual negocio petrolero, respectivamente.

¿Casualidades? Qué va. Si tiene cuatro patas y ladra, es perro.