Un juez federal decidió procesar a tres funcionarios de la Administración Federal, acusados de haber entregado material secreto sobre la situación financiera de De Narváez, que fue usada en artículos periodísticos. Primera vez en la historia.
No es nueva la historia, pero sí la resolución, porque el juez federal Luis Rodríguez tomó la decisión inédita de procesar a Oscar Ramos Rivera, jefe de fiscalización externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes; a María Luisa Ghiglione, supervisora del Departamento de Investigación de Grandes Contribuyentes, y al inspector Fernando Aparicio, todos empleados de la AFIP, por violación del secreto de información financiera. Los tres habían sido denunciados por Francisco De Narváez en 2009, cuando el entonces candidato consideró que era evidente que los artículos publicados en el diario Página 12 sobre las implicancias de sus empresas y su situación económica, debieron de haberse nutrido de material únicamente provisto por la agencia estatal.
Cuando se menciona el material periodístico, se indica que se trató específicamente de la nota titulada “Los especialistas”, firmada por Horacio Verbitsky, en la que se detalló el contenido de una denuncia penal efectuada en Mar del Plata ante el Tribunal Federal N°1, el 17 de mayo de 2009.
Relacionada con la anterior, el mismo medio publicó también “Grupo de familia”, que contenía un gráfico detallado de las empresas en las que el denunciante tenía participación accionaria, y citaba además de manera específica a los restantes accionistas. La nota decía que ese cuadro era de elaboración propia del diario, pero nadie le creyó. Según se indica, en aquel momento el denunciante pudo verificar que el cuadro en cuestión era prácticamente idéntico a aquel que la AFIP había enviado al tribunal de Mar del Plata, a propósito de un requerimiento judicial. Dijo que eran idénticos, no sólo en el orden en el que se citaban las empresas, sino además en los círculos que contenían los datos sobre la participación accionaria, y demás. Pero lo que más le llamó la atención a De Narváez, según expone, es que Página 12 hubiera podido publicar el cuadro cuando todavía la AFIP no había contestado el requerimiento, es decir el cuadro no habría debido salir de la agencia del Estado hacia el tribunal.
Un tercer artículo publicado en junio del mismo año vino a relatar pormenorizadamente la situación financiera de toda la familia De Narváez. Se llamó “Operaciones sospechosas”, y la publicó el mismo medio.
Como se recordará, De Narváez había sido a su vez denunciado por la AFIP en otra causa, radicada en el juzgado federal de Zárate Campana. El proceso terminó con la anulación de su llamado a indagatoria, y la destitución del juez federal Federico Faggionatto Márquez
Tan amigos….
Ya De Narváez se había presentado ante la justicia, invocando la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de los secretos, tráfico de influencias y falsa denuncia, cometidos por Ricardo Echegaray, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y por Fernando Villaverde, quien se desempeñó como subdirector de Planificación de la DGI. Figuraban además Jorge Elías Gómez, su abogado Fernando Coppari, César Sivo y los testigos encubiertos que se habían presentado contra él en la causa federal de Zárate-Campana.
Dijo De Narváez que todos los nombrados, en realidad, participaron de una maniobra organizada para formular denuncias falsas y otras actuaciones en su contra, que tenían como único objetivo desprestigiarlo y afectar su desempeño electoral en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en junio de 2009. Decía que todos estaban usando ilegalmente información de distintos organismos como la Secretaría de Inteligencia, la Unidad de Información Fiscal, y en especial la AFIP. Entonces mencionó en especial un artículo publicado en Clarín el 24 de mayo de 2010, donde se daba cuenta de la función que cumplió el mencionado Villaverde en el rol de armar causas en contra de De Narváez, del diario Clarín y del senador nacional Luis Juez. La nota se llamó “ONCCA: subsidios truchos y un armador de causas contra políticos”.
Los nombres invocados, por supuesto, no son nuevos para aquellos que conozcan el imaginario político local, y el sendero de las carreras de quienes supieron asomar la nariz en los albores de la democracia, y terminaron -en medio de la sorpresa del triunfo alfonsinista- conduciendo un coche descapotable de la noche a la mañana, alrededor de la manzana de la municipalidad.
Ya este medio supo relacionar oportunamente a Fernando Coppari, ex militante de Franja Morada, que fue deslumbrado con su concejalía en 1983, cuando seguía la línea de Storani dentro del radicalismo. Estuvo ligado de cerca con Jorge Elías Gómez, ex director del diario El Atlántico, y con Fernando Villaverde, que terminó ascendiendo en el sector tributario, para sorpresa de todos. A su vez él y el abogado César Sivo habían tendido relaciones estrechas cuando ambos eran funcionarios en Miramar, en momentos en que la oleada de la ventaja política iba para otro lado, y como compañeros de la Facultad de Derecho habían elegido militar en la UPAU, es decir en la agrupación francamente reaccionaria vinculada a la entonces creciente UCEDÉ. Cómo cambian las cosas. La cuestión es que ambos están muy cerca del cuestionado Echegaray.
Hoy en día
La cuestión es que después de tantas idas y vueltas, es en este momento que el juez decide en principio procesar a los funcionarios de la AFIP. Pero a su vez, el procesamiento se conoce cuando justamente la AFIP volvió a quedar en medio de la polémica, porque el propio titular de la Corte hizo trascender que él y sus hijos estaban siendo investigados por el organismo oficial, lo que por supuesto, dentro de ciertos sectores de la política nacional, se interpretó como un “apriete”, después de que el máximo tribunal fallara en contra de la reforma judicial K.
Dijo el juez Rodríguez: “No caben dudas de que el contenido y el diagrama de los informes rubricados por los acusados y remitidos a la Justicia resultaron ser los mismos en cuanto a contenido y formatos que los publicados por el medio gráfico”. Agregó que los acusados “violaron los sistemas de confidencialidad y seguridad” de los datos que manejaban.
¿Pero qué fue lo que los delató? La impericia. Resulta que quien redactó el cuadro – y aquí se menciona al inspector Fernando Aparicio- cometió ciertos errores de tipeado. Por ejemplo, consignó el nombre de la empresa “It Management S.A”, que el inspector escribió equivocadamente como “It Managment. S.A.”, error que también se replicó en aquella nota “Grupo de familia”, del diario Página 12. Del mismo modo, escribió de manera incorrecta el nombre de la empresa que figura en el octavo lugar: “Notting Hill S.A.”, a la que rebautizó como “Notiting Hill S.A.”. El mismo error aparece en una de las notas periodísticas titulada “Cajas chinas” de Página 12.
Es decir que para el juez no hubo demasiado más que ver, aunque cuidadosamente tomó declaración a todos los jerárquicos que explicaron con precisión la metodología que se había utilizado para realizar la investigación requerida por el tribunal de Mar del Plata, y las personas por cuyas manos había pasado el cuadro, que finalmente fue enviado en un mail, además de su versión en papel.
Se supo entonces que el encargado del envío fue Villaverde: “Al serle preguntado (al Subdirector General Juan Carlos Santos) si Fernando Villaverde se interiorizó por el contenido o entrega al Juzgado de Mar del Plata del informe antes aludido, explicó que sí y a pedido del nombrado, el declarante lo puso en conocimiento en forma personal del cumplimiento del oficio para que lo informe a la superioridad. Que seguramente dicha comunicación la hizo por correo electrónico interno y posiblemente lo haya efectuado en otra conversación personal”.
Es decir que la detección de la filtración de la información tuvo más que ver con una bobada de alumnos de colegio secundario que con una gran estrategia de investigación pericial: como los chicos, se copiaron hasta los errores.
Lo importante es que por primera vez, un tribunal presta atención a que se utilizó un secreto fiscal para obtener ventaja política explícita, que esta vez fue evidente y poco sutil. Los nombres son los de siempre, pero vale la pena ponerlos en foco una vez más, porque el tráfico de información parece ser noticia muy pocas veces.
Lo que sigue siendo curioso es el monto del embargo que cayó sobre los procesados: la módica suma de $5.000 a cada uno. ¡Qué poco gana esta gente!