Corporación judicial | Los abogados Gentile son un ejemplo más de cómo se protege la familia judicial. Nunca pasa nada con las causas que los implican. Ahora, se excusa el juez. Es mucho.
Desde hace años, este medio viene diciendo que los integrantes de la familia judicial no se pisan entre ellos, y que los abogados argentinos, por más delitos que cometan, nunca son enjuiciados convenientemente, porque los funcionarios de los tribunales viven pendientes de intereses cruzados que hacen a sus holgadas condiciones de trabajo, y siempre protegen a quienes pueden formar parte del equipo de sus potenciales jefes o jurados de concurso. Es decir, las condenas siempre son para los más débiles. Los poderosos de tribunales hacen más o menos lo que quieren. O eso es lo que pretenden.
El caso que nos ocupa puede ser un objeto más de esta discusión. Porque desde hace años, una mujer que perdió su derecho al 50% de una propiedad, Alejandra Villanueva, viene denunciando que la pasaron por encima. Que la estafaron. Que la hipoteca que le ejecutaron tiene ingredientes que no caben en ninguna cabeza. Y que hay alguien que armó una organización para quitarle su derecho de propiedad sobre una casa muy costosa, en el barrio de la Perla de Mar del Plata.
Se trata de la vivienda de Chacabuco al 3600. En el año 1999, tres abogados, Pablo Gentile, Guillermo Gentile y Diana Zabeo, hicieron un préstamo de 40.000 dólares a los copropietarios de esta casa: Rubén Buggia, Marcos Buggia y Alejandra Villanueva. Un contrato mutuo hipotecario, con el fin de cancelar otro crédito hipotecario anterior. El saldo sería invertido en un comercio que los Buggia explotarían en la misma finca. ¿El actual instituto de música?
Villanueva, que no residía en la casa, era dueña de una valiosa mitad, y cada uno de los Buggia, del 25%. Ella sólo se presentó a firmar, porque el dinero lo utilizarían quienes estaban habitando la casa, en la que había que hacer arreglos y pagar impuestos. Por eso, también se harían cargo del pago de las cuotas del préstamo obtenido. Ella no recibió uno sólo de los 40.000 dólares.
Pasó el tiempo, y la salud de la mujer se deterioró: en 2001 sufrió una depresión y un intento de suicidio, con recomendación de internación. Por supuesto que, durante todo este tiempo, Alejandra no supervisaba el pago de las cuotas, que además no habían sido establecidas bajo su responsabilidad, sino de los Buggia.
Marcos Buggia había firmado la hipoteca como soltero, sin embargo, ya estaba casado con Analía Regalini. ¿Por qué lo haría? Resulta que en 2003, los tres abogados prestamistas iniciaron la ejecución de la hipoteca diciendo que sólo habían recibido seis pagos de intereses, que luego se habían discontinuado.
Todo cursaba en el Juzgado Civil 6. Pero en 2008, los tres acreedores decidieron regalarle la deuda a Juan José Regalini. Sí, al hermano de la cuñada que los Buggia habían ocultado que ahora tenía derecho a seguir adelante con la ejecución. Los prestamistas Gentile, ahora, pasaban a ser sus abogados.
Huele raro
Ya en este momento, Villanueva se presentó en la justicia para denunciar que algo estaba sucediendo, que no podía ser que esto no llamara la atención de nadie. Ella pedía una rendición de cuentas: ¿Qué hicieron con la plata? ¿Por qué no pagaron las cuotas? ¿Por qué ni siquiera pagaron los servicios municipales? ¿Qué hicieron con el dinero que ingresaba por haber alquilado la planta baja sin su consentimiento?
Pero nadie en la justicia se mete con los abogados prestamistas que ejecutan propiedades costosas, ni siquiera con los que idean la manera de sacarse de encima a los copropietarios. De hecho, el expediente juntó tierra hasta 2012. En 2013, Marcos Buggia presentó la quiebra, y envió a los acreedores sobre las restantes partes de la propiedad. Allí es cuando Juan José Regalini, el dueño de la deuda ahora, le perdona la parte de la misma a su cuñado Marcos, y continúa la acción contra los demás. En 2014, el juez del tribunal civil 6 embarga el 75% restante de la propiedad hipotecada.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau, había dicho que eran demasiadas coincidencias. Que consideraba necesario hacer lugar al pedido de Villanueva, que era revocar la sentencia de primera instancia, y obligar a Buggia a que, en un plazo de diez días, diera cuentas de lo que había pasado con la plata. Decía Monterisi que la coincidencia de apellidos entre la mujer de Buggia y el nuevo dueño de la deuda era lo suficientemente sugerente como para no pasarlo por alto. Pero claro: en el medio estaba… Gentile.
Ya el fiscal Fernando Berlingeri en la Unidad de Delitos Económicos 10 había dicho que las circunstancias eran poco claras, pero no por ello ilegales hasta el momento. Dice Carlos David Bruna que no le llama demasiado la atención que Buggia hubiera ocultado su matrimonio con Analía Regalini, porque, total, el objetivo del documento firmado no era establecer el estado civil de los firmantes, y archiva las actuaciones porque, para él, se terminó el tiempo de indagar demasiado lo que pasó. Y agrega: “más allá de las circunstancias reseñadas, que dieron lugar a la apertura y continuidad de esta investigación, en ninguno de los procesos civiles estudiados y enunciados se evidencia la presentación de documentación falsa tendiente a engañar a los diferentes magistrados intervinientes, surgiendo de los mismos que todas las acciones realizadas por las partes lo fueron dentro del ámbito de los permitido por la ley, habiendo tenido siempre la Sra. Villanueva la posibilidad de ejercer sus derechos”.
Es decir, nadie vio nada. Por más que la Cámara de Apelaciones se desespere por aclarar que esto no puede ser. Por más que Villanueva quiera pagar los honorarios de los abogados que ejecutan las deudas municipales, en un intento infructuoso por no perder la casa. Bruna es de los que no ven nada.
Su prosapia
Pero ¿quién es Pablo Javier Gentile, el prestamista devenido en querellante? Un letrado que fue acusado ante el Juzgado de Garantías n° 4 bajo la figura legal de defraudación por administración infiel. Un abogado que se aprovechó de que su cliente era chino, de que no conocía el idioma ni la cultura. No conocía ni las costumbres ni la legislación, y sobre todo, de que vivía al otro lado del mundo. El abogado cobró ilegalmente la indemnización que le correspondía a su cliente de nacionalidad china tras un proceso por daños y perjuicios, cuya sentencia del 2007 fijó la suma en más de $400.000. Pero, claro, nunca le avisó del acuerdo al que se había arribado, ni que el pago se había efectivizado.
El cliente vivía en China en 1999, cuando fue notificado de que su esposa había sufrido un grave accidente en esta ciudad,en Martínez de Hoz y 12 de Octubre, de Mar del Plata. La Empresa de Transportes 25 de Mayo SRL, que había sido parte interviniente en los hechos, debía afrontar el pago de la indemnización por la muerte de la mujer.
Por esa razón, el viudo se contactó con el abogado Gentile, que lo mandó a la escribanía Redi a firmar un poder general para juicios a favor de él. Lo hizo en su nombre, y también representando a su hija menor de edad.
A los pocos días, fue alertado sobre la amplitud del poder que había firmado, ya que no parecía demasiado conveniente que el abogado estuviera en condiciones de tomar decisiones inconsultas en su nombre, y percibir dinero. Por esa razón, el denunciante se dirigió a la escribanía de Dora Fiorentini, y suscribió un nuevo poder que reemplazaría al anterior, donde se eliminaba para el abogado la facultad de percibir dinero. Se trataba de un poder particular que se limitaba a representar al denunciante en el juicio. Este segundo poder también obraba en la causa, y estaba absolutamente claro que reemplazaba el anterior.
Pero Gentile no sólo cobró la indemnización sino que además cobró un monto de más de $154.000 en concepto de honorarios, tras lo cual pretendió reclamar una litis causa establecida en el 25%.
Se defendió tras la denuncia diciendo que no se trataba de un poder que sustituía a otro, sino que los dos poderes coexistían. Y no sólo se disculpó de esa manera, sino que dijo además que el dinero había estado depositado en su estudio jurídico a disposición del denunciante, que no había podido ser ubicado telefónicamente en China, y que solamente debería haber pasado por el domicilio para cobrar.
Cuando el cliente hizo su presentación, en realidad Pablo Gentile ya hacía casi un año había percibido el dinero correspondiente al denunciante: nada le dijo ni informó a su cliente que el juicio había concluido, ni que los fondos estaban disponibles.
Ahora, una vez más, cuando una apelación parecía obligarlo a dar cuentas de alguna de sus acciones, los involucrados comienzan a salirse de su camino. Nadie se mete con el abogado prestamista porque le tienen miedo. Casualmente, el juez de Garantías Daniel De Marco se corre de la apelación diciendo que él no puede intervenir porque ya opinó sobre el tema y le parece que perdió imparcialidad. No hay que olvidar que Gentile ya le metió una denuncia sobre incumplimiento de los deberes de funcionario y nadie quiere tener problemas con los hermanos abogados. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque estamos rodeadas de abogados que dan vergüenza ajena.