Usurpación de propiedades | Desbaratan una banda dedicada a la ocupación ilegal de propiedades inmuebles. Los implicados son un policía de la provincia y toda su familia. La modalidad es violenta, y no les importa quién venga a reclamarles. La justicia va despacio.
En rigor a la verdad, se podría decir que “están a punto de desbaratar una banda”, y no que han consumado la acción judicial, ya que los responsables de haber cometido más de una vez el delito de despojar a los legítimos dueños de una propiedad, aún no están presos. No lo están, y sabemos que no lo estarán por ahora, porque el fiscal indica que se están preparando las acciones para llamarlos a declarar, cuando en realidad todo el mundo ha identificado ya al policía José Alberto Palacio como responsable de las acciones que aquí se relatan.
Las circunstancias comunes a todos los casos hablan por sí mismas, porque se trata de casas consideradas vulnerables, cuyos dueños han fallecido y sus herederos viven fuera de la ciudad, o casas habitadas por personas mayores. Es decir que encontrar estas viviendas, saber de su condición, hace pensar en alguien que tenga acceso a una información calificada.
Y resulta que el nexo común entre distintos casos de ocupación similares es un funcionario policial, que según indica el fiscal Mariano Moyano, ha estado prestando servicios en diferentes comisarías, y su último puesto estuvo en el Comando de Patrullas, aunque fue desafectado del servicio por no concurrir a su lugar de trabajo.
Se habla de varias propiedades, en particular las que se encuentran sobre la calle Olazábal 644 y 652: dos viviendas contiguas, ocupadas por personas vinculadas familiarmente, sobre quienes el fiscal ha solicitado recientemente el allanamiento aunque deba implementarse la fuerza pública. También relata que se ordenó el allanamiento de la vivienda actual del policía mencionado. En el sitio, si bien no se encontró al denunciado, se pudo secuestrar documentación vinculada con las propiedades usurpadas, así como mobiliario que supuestamente habría pertenecido a la casa de Olazabal 644.
Esa casa pertenece a Gabriel Filippi, quien narró que el día de la usurpación –27 de mayo de 2014- había salido de su casa a las 10 de la mañana, con el fin de realizar trámites. Retornó a las 14, y encontró que su ventana, que da a la calle, estaba abierta, lo cual llamó su atención porque sabía que no la había dejado así. Luego pudo verificar que la puerta de entrada estaba violentada, por lo cual buscó a su hermano para que lo acompañara a ver qué era lo que había sucedido.
Efectivamente, la cerradura estaba violentada y la puerta golpeada había sido reparada de manera improvisada con una madera clavada. Pero Filippi ya nunca más pudo ingresar a su casa. Allí habían quedado todas sus pertenencias, incluida su ropa y demás. La casa había sido invadida, y allí se encontraban el policía José Palacios, su pareja Margarita Peralta, el hijo de ella, Diego Caro, y la joven Camila Albornoz, pareja de Caro. Curiosamente, todos ellos con domicilio legal en barrio Lomas del Golf, casa 75 de la manzana 5.
Se pudo verificar además que en agosto de este año, todos ellos dejaron la casa ocupada, y colocaron en su lugar a terceras personas a fin de evitar el trámite de desalojo: Maximiliano Cerasale y Paula Godoy. Después se las arreglaron para concretar la ocupación de la casa de López de Gomara 4879, en el barrio Parque Luro.
Los vecinos prestaron testimonio: dijeron que la propiedad recibía frecuentemente visitas de patrulleros de la policía, y que evidentemente los ocupantes tenían relación con quienes ocupaban -también ilegalmente- la casa lindera, la de Olazábal 652. Y cómo iba a ser de otro modo, si la usurpadora de esta última propiedad es Rosa Analía Muñoz, quien sería hermana de Margarita Peralta. Vive acompañada por su hijo Facundo Sillon y la pareja de él.
La casa pertenece en realidad a Manuel Luque, quien murió en los 80, y su viuda, que reside fuera de la ciudad, asegura que la casa ha estado usurpada desde 2013, porque ella jamás alquiló la propiedad a nadie ni la vendió. Estos usurpadores, incluso, son quienes- al decir de los testigos- les pasan la luz a los ocupantes de Olazábal 644.
Lentitud
Los funcionarios judiciales del Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Judicial verificaron el estado de ocupación y la cerradura violentada, pero recién lo hicieron el 6 de octubre. Mientras tanto, el pobre Filippi vive en una pensión que paga su hermano, quien también le lleva algo de ropa, porque está prácticamente en la indigencia. Ha sido despojado de todo lo que tenía en cuestión de horas, y nadie parece tener apuro por restituirle sus derechos, ni el menor reflejo de algo parecido a la culpa.
El delito es ampliamente verificable, y se trata de usurpación de propiedad inmueble, clandestina y agravada por efracción, la rotura de barreras físicas para ingresar. Habrá que ver si el policía ha hecho uso de ventajas que provienen de su oficio y acceso a información. Entonces, la justicia decidirá qué pasa con las obligaciones que le competen como funcionario público, en el caso de que tal cosa le importara un comino.
A estas figuras legales habría que agregar el robo de todos los elementos que había dentro de la casa, ya que el hermano de Filippi ya ha declarado dando cuenta de los muebles que su hermano tenía en la casa.
Los vecinos dicen que cuando intentaron detenerlo, el tal Palacio dijo que no importaba nada que llamaran a la policía, que vinieran a hablarle cuando tuvieran una orden judicial, y que dejó ver su reglamentaria en la cintura. Así mismo anunció que estaba por ubicar una familia completa en la casa: “ya viene la camioneta de mudanza”.
En una entrevista con la emisora 99.9, el fiscal Mariano Moyano explicó que el expediente cursa en la fiscalía 12. Indicó que en el caso de la más reciente ocupación, la vivienda de calle López de Gomara, los ocupantes serían efectivamente imputados por el delito, a la vez que se estaba investigando si cabía la misma carga a los ocupantes de los otros casos, ya que habían sido puestos en esa situación por el policía Palacio.
Si bien no hay orden de captura sobre él, el fiscal dice que está por tomarle declaración y que ya ha notificado a la división de Asuntos Internos de la Policía de Provincia de Buenos Aires.
Moyano explicó, además, que hay ciertos sectores de la ciudad que se encuentran en situación permanente de conflicto respecto de las ocupaciones, y que son la zona del sur, Camet y Sierra de los Padres. Hay que considerar que se trata de zonas loteadas alrededor de la década del 60, y que en muchos casos no generaron escrituras de los grandes loteos, sino que los terrenos siguieron figurando como grandes propiedades, que pertenecían a grandes contribuyentes.
Dueños y señores
Se refirió además a la posible participación de un funcionario municipal en la cuestión de las ocupaciones, pero indicó que se trata de otro caso, el que se ha registrado en la zona sur de la ciudad: lo que se ha encontrado es una posible cesión de derechos con una verificación de firmas de carácter apócrifo.
En el allanamiento de la casa de ese funcionario municipal -que se desempeña en el área de Inspección General-, y éste sí con acceso pleno a información de catastro, se pudo encontrar en su poder una carpeta con documentación específica de las propiedades ocupadas.
Más que paradigmático resulta el caso del lote reclamado por su propietaria Luisa Cao, quien resultó damnificada por la ocupación de su lote de Faro Norte, específicamente de calle 4 entre 72 y 75. El terreno fue adquirido en la década del 70 por su esposo Roberto Dzija, ya fallecido, y luego ella y sus hijos, que residen en Berazategui, no han viajado a la ciudad con asiduidad con el fin de verificar el estado del inmueble.
La señora reclama que su lote fue no solamente ocupado, sino que además el usurpador construyó un enorme paredón y colocó un portón con una cerradura, por lo cual es imposible ingresar a la propiedad.
Cao posee la escritura de su terreno, lo cual parece no importarle a nadie. Los policías de la comisaría quinta fueron a hacer una verificación de la ocupación, y resulta que se equivocaron de terreno, es decir que le sacaron fotos a otro sitio.
Por supuesto que la inconsistencia de la información presentada fue inmediatamente notada por esa fiscalía, por lo cual el juzgado de garantías desechó todos los reclamos de la propietaria. Ahora, los abogados de Cao se quejan de la rapidez con la que la justicia archivó las actuaciones cuando, en realidad, nada de lo que debió hacerse se hizo.
Dice la damnificada que el terreno no se inspeccionó, porque obviamente está tapiado. Por la misma razón no pudo constatarse la ocupación, ya que no hay ninguna forma de ingreso a la propiedad, a no ser que el usurpador brinde la llave del portón que ha colocado. Además, desea plantear su desacuerdo con lo expresado por el fiscal acerca de que la cuestión debe dirimirse en el plano de lo civil debido al reclamo de usucapión que realizó el ocupante: la propietaria tiene un documento público, que es la escritura. Dice la demanda que ese documento es “indubitable”, y que el hecho de que el ocupante invoque usucapión no borra el delito cometido y denunciado.
Todo lo expuesto aquí podría extenderse al infinito si se pretendiera hacer una síntesis de todas las situaciones de ocupación irregular de este partido, que evidentemente se ha repartido a jirones. A mordidas, como las fieras reparten una pieza de caza. Pero sirve para deducir que la justicia local es muy permisiva con quienes, lejos de ser necesitados, han hecho una verdadera industria de arrebatar los bienes de personas vulnerables por su avanzada edad, o por la distancia de sus residencias permanentes. Los profesionales de la usurpación. Los que han logrado vivir de arriba.