Admisión de lo obvio

Argentina es el país de América del Sur que tiene el consumo de cocaína anual más alto de la región, según el informe Mundial de Drogas de las Naciones Unidas (ONU) presentado en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Su tasa de prevalencia (consumo de al menos una vez al año) en la población de entre 15 y 64 años se ubica en un 2,6%, mientras que la media en América del Sur es de un 1%. Además, es el segundo país consumidor del continente, detrás de Estados Unidos.

El mercado ilícito de la cocaína tiene un valor de más de 80.000 millones de dólares en el mundo, según cálculos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la ONUDD. El origen de la cocaína sigue encontrándose principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, aunque la superficie dedicada al cultivo ilegal del arbusto de coca bajó hasta 154.200 hectáreas en 2010, desde un máximo de 288.400 hectáreas registradas en 1990.
La información publicada por la ONU fue relativizada por el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien aseveró que ello no era posible, toda vez que Argentina es un país de paso para la droga y no productor de la misma. “A la situación de México no vamos a llegar nunca porque no somos productores ni estamos al lado de la frontera [con los Estados Unidos]. De cualquier manera, corremos riesgo porque hay rutas que se pueden desviar, ya que no necesariamente deben tener continuidad geográfica. Entonces, cuidado: que no se nos convierta la Argentina en una ruta”, argumentó.
Esta palabrería, cuyo objetivo es mantener el criterio abolicionista en materia penal, cae por la admisión lisa y llana de la situación por parte del ministro de Defensa Agustín Rossi, quien ha admitido sin cortapisas que “la Argentina, antes, era un país de tránsito, no era un país de consumo. Hoy esa situación ha cambiado: la Argentina es un país de consumo y, lo que es más grave, también es un país de elaboración”, para abundar en que “el esfuerzo [en la lucha contra el narcotráfico] hay que ponerlo en la inteligencia criminal y en las investigaciones de cuáles son las bandas y organizaciones que actúan en este sentido”. Para Rossi no son bandas que se montaron para dedicarse a ese delito, sino que “cambiaron de rubro”, en particular, dijo, “referido a lo que ocurre en la provincia de Santa Fe”.
Nada es simple como Zaffaroni pretende. En noviembre de 2004, la policía federal descubrió el primer gran laboratorio instalado por narcotraficantes en el país, uno con capacidad para refinar y producir más de 300 kilogramos de cocaína por mes. El sitio, instalado por un ciudadano colombiano que aún tiene pedido de captura internacional, estaba escondido en una casa quinta en Francisco Álvarez, Moreno.
Con el paso de los años, la problemática creció, y organizaciones criminales instalaron en la Argentina laboratorios de droga sintética. En julio de 2008, la policía bonaerense y el por entonces juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez descubrieron en Ingeniero Maschwitz un lugar donde ciudadanos mexicanos elaboraban metanfetamina. El año pasado, sólo en el primer semestre del año, la policía bonaerense desarticuló 12 laboratorios y cocinas de cocaína y droga sintética. En los 12 meses de 2012, según estadísticas oficiales, fueron descubiertos 21. Y la cuenta sigue. Admitir lo obvio, es un buen primer paso en camino a una solución.