Los eventos de estas semanas en la Plaza de los Dos Congresos exhibieron una vez más el doble rasero de sectores de la política argentina, que utilizan la democracia para debilitar a gobiernos que no son de su misma carnadura política.
Si bien los hechos presenciados por el país por medio de la televisión ocupan la idea central de hordas lumpen dirigidas políticamente, en el escenario ideológico de la toma del Palacio de Invierno no son los únicos hechos que deben analizarse para entender la magnitud que esta situación crea para la vigencia plena del estado de derecho.
Mario Secco, intendente de Ensenada, reelecto con el 60% de los votos, había irrumpido en la Legislatura bonaerense la semana pasada obligando a suspender la sesión que esperaba votar leyes impulsadas por la gobernación de Vidal. Secco tomó la Legislatura, y hoy está a un tris de quedar detenido por estos hechos.
La denuncia que pesa sobre Secco —que intenta sin mayor éxito victimizarse diciendo que es un perseguido político— hace agua por todos lados y no será óbice para su proceso cuando menos. Pero el tema que está en la picota como ejemplo de la utilización de la violencia política como instrumento de poder es la agresión al periodista de TN Julio Bazán.
No se trata sólo del hecho, cruel y literalmente criminal, que implica el cobarde ataque: es la cuestionabilísima actuación de quien fuera un actor sobresaliente de la política en los ochenta y protagonista central de la recuperación democrática en el gobierno de Raúl Alfonsín, el hoy diputado “K” Leopoldo Moreau, que justificó la agresión sufrida por Bazán por la supuesta violencia que Clarín ejerce sobre los argentinos.
Moreau no ha hecho más que exponerse públicamente: siempre actuó así, aunque nunca de modo tan obvio y notorio. En el gobierno de Alfonsín intentó echar de ATC a un grupo de trabajadores de prensa que habían ganado un décimo de la Grande de Navidad: no fue porque no lo habían participado del billete sino por una tapa en una revista de la Editorial Perfil, en la que Diego Bonadeo anunciaba que con su parte del premio iba a pagar a diputados de la UCR para que votaran en contra de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La lista de aquellos que debían ser echados sin causa justificada incluía al director de este medio, José Luis Jacobo, quien por aquellos años se desempeñaba en ATC como conductor del noticiero de medianoche Hora 24. La carga de Moreau se basaba en señalar que los periodistas en cuestión eran parte de una maniobra contra esa ley que dirigía el líder de la Coordinadora bonaerense Federico Storani, una idea bizarra que cruzaba una actitud personal, la de Bonadeo, con sus propios fantasmas políticos aplicados a los medios.
Lo de Moreau no es nuevo, sólo que ahora se volvió espantosamente visible.