Los eventos de estas semanas marcan por cierto un cambio de época: el animal de olfato político más fino, la clase judicial del poder federal argentino, ha comenzado su temporada de caza. Las acciones de Claudio Bonadío sobre Hotesur, la sociedad anónima que vincula a la familia Kirchner con Lázaro Báez, el procesamiento a Omar “el Caballo” Suárez, secretario general del SOMU, y el llamado a indagatoria a Julio Alak, marcan el territorio de batalla de modo contundente.
Lo señaló claramente Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados de la República Argentina, en entrevista con el diario La Nación: “Hay coincidencias mayoritarias en el mundo jurídico de que se debe avanzar hacia sistemas acusatorios, pero esto requiere otro tipo de implementación. Tiene que asegurarse la autonomía de los fiscales para actuar en las causas, asegurar transparencia en los concursos para la selección de los fiscales, y una forma controlada en la designación masiva de funcionarios. Se incorporarán 1.700 personas sin control”. Ese es el toque de atención: el accionar de la procuradora Gils Carbó,que busca llenar con nombramientos propios el futuro funcionamiento de la procuración fiscal y así manejar a futuro las causas que golpean al poder.
Gils Carbó pasa por un momento crucial: confía en la protección de la Casa Rosada pero las denuncias se acumulan en su contra. A raíz de supuestas irregularidades cometidas en el proceso de concursos para la ocupación de cargos vacantes en el Ministerio Público, la diputada nacional Margarita Stolbizer presentó una denuncia penal para que se investigue si se cometió un delito. Según apuntó la legisladora, el Concurso Público N° 102 para designar nuevos fiscales federales no habría sido transparente y eso podría afectar “las garantías de equidad e igual tratamiento a los concursantes”. Además, Stolbizer presentó una ampliación del pedido de juicio político contra Gils Garbó, a partir de la denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán por un supuesto espionaje por parte de la procuradora general de la Nación.
La denuncia presentada por al abogado Andrés Barbieri basada en la denuncia del fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani, es también un tremendo tema que tiene el potencial de develar a fondo la existencia de una mafia judicial enquistada en el servicio de justicia federal en la ciudad.
Lo que está en juego no es un cambio de sistema, sino la naturaleza misma del Poder Judicial de la Nación; si será un poder al servicio del ciudadano de a pie, actor central de la democracia, o si seguirá mutando para ser un poder al servicio de otro poder , en este caso un poder político híper corrompido que cree que los cargos públicos son el camino más corto y más sencillo de acceso a la riqueza.