Dos temas en el cierre de 2018 han dado lugar a una nueva ronda de indignación en ámbitos políticos, mediáticos y económicos. La reglamentación del impuesto a la renta financiera y el anuncio del esquema de ordenamiento tarifario a 2019 dispararon los consabidos titulares que hablan de ajuste y sufrimiento popular, así como el fastidio monumental de los analistas económicos por lo que consideran una medida —el impuesto a la renta financiera— errónea y anti-mercado.
La cuestión de las tarifas es claramente un tema de magnitud social y económica amplia que va muy directamente al bolsillo de la clase media e impacta en los precios. La nueva ronda se da por un conjunto de situaciones económicas en las que no se puede dejar de advertir el impacto de la pérdida de valor de la moneda nacional ante el dólar. En energía, ya sea en nuestro país o en China, los valores son en dólares.
Para entender lo que hoy afecta a la economía y el bolsillo de los ciudadanos hay que ver todo el escenario. Un estudio realizado por la consultora INVEQ revela que “en 15 años, mientras que la inflación acumuló casi un 1.300% de aumento y los salarios casi un 1.600% de aumento, el precio que pagaba un usuario (la demanda) de la Capital Federal por su consumo de electricidad sólo aumentó un 15% y lo que pagaba un usuario en Entre Ríos aumentó un 328%”. Es decir, que el precio pagado por la demanda fue congelado por completo, o tuvo aumentos imperceptibles frente a lo que aumentaron todos los precios de la economía. Por si fuera poco, el costo de generar esa energía consumida, a su vez, se incrementó muy por encima al promedio de inflación. Como consecuencia del aumento general de precios, y por el incremento de los Commodities en dólares a nivel internacional, la generación de energía eléctrica en el mismo período aumentó casi un 2.300%. Es decir que, la brecha entre el precio que pagaba la demanda por consumir, y la que necesitaba la oferta para generar esa energía, era cada vez mayor. Parte de esta brecha fue cubierta con subsidios del Estado Nacional, que llegaron a representar un 5% del PBI en el año 2015 (la totalidad de los subsidios económicos, a la energía eran 3% del PBI), y otra parte no se cubrió y pasó a desincentivar la inversión en el sector. Así, Argentina pasó de ser un país exportador de energía (en el año 2006 se exportaron 6.000 millones de dólares por este concepto) a un país importador (llegando a importar más de 10.000 millones de dólares)”.
Esa es la matriz del conflicto que se generó en los pasados años en un contexto en el que los negocios y negociados en energía llevan a este cuadro complejo que hoy sacude a la sociedad en general. La recomposición de la matriz energética es un dato central que se advierte ya en los nuevos contratos de perforación en Vaca Muerta y el crecimiento exponencial de los emprendimientos en energías alternativas. El valor del transporte es otra piedra en el camino de la misma entidad, y allí sí se jugará la capacidad de sintonía fina del gobierno nacional y los provinciales. Es una adecuación tarifaria que requiere sentido común en su explicitación política, no sólo anuncios en días en que —se supone— la ciudadanía está distraída por las fiestas de fin de año.