El debate a nivel global sobre la naturaleza del concepto de justicia que impera hoy aplicado a las cuestiones del capital y el mundo de las finanzas está en debate acelerado. Las decisiones de naciones y sociedades frente a las catástrofes financieras comienzan a motorizar fuertemente un proceso de cambio.
Este medio, en este espacio, ha citado los casos de Islandia, así como las acciones judiciales en contra de las agencias de rating financiero, como es el caso de Standard & Poor’s, o Fitch en Australia y Estados Unidos.
Roberto Bissio, director del Instituto del Tercer Mundo, ha señalado recientemente que “el retorno a la Argentina de la fragata Libertad, después de meses de reclusión en un puerto africano, no fue sólo un triunfo político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino también una victoria para quienes proponen la creación de un tribunal internacional para las deudas soberanas”.
La creación de un mecanismo de reestructura de la deuda soberana fue originalmente propuesta por el economista turco Yilmaz Akyuz en el año 2000, y retomada luego por la entonces vicedirectora del FMI, Anne Kruger, para evitar las incertidumbres jurídicas que aprovechan de forma oportunista los llamados “fondos buitre”.
Cuando un país está en crisis y se sospecha que tal vez no cumpla con sus obligaciones de deuda externa, estos fondos compran a los ahorristas asustados sus bonos a precio de remate para después intentar cobrar el cien por ciento de su valor nominal por la vía judicial.
Así, después del default de 2001, Argentina negoció con la mayoría de los acreedores privados el canje de sus bonos por otros papeles con un valor entre treinta y sesenta por ciento menores. Elliot Associates, un fondo buitre oficialmente domiciliado en las islas Caimán, se negó a aceptar el canje, y el año pasado, aprovechando la presencia en un puerto de Ghana de la fragata Libertad, velero de instrucción de la marina argentina, solicitó a un juez local el embargo del buque para rematarlo y cobrarse su deuda. Después de meses de retención en África, la fragata pudo finalmente volver a Argentina el 9 de enero pasado, cuando el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo, decidió que, como barco de guerra que es, la Libertad es inembargable, al igual que las embajadas.
A pesar de este triunfo, para evitar un potencial y bochornoso embargo del avión presidencial Tango Uno, la Presidenta argentina resolvió utilizar una aeronave de alquiler en su gira por Asia.
Sostiene Bissio que como los bonos que Elliot compró a veinte centavos por cada dólar establecían en su letra chica la jurisdicción de la ciudad de Nueva York para potenciales litigios, los “buitres” lograron que un juez neoyorquino decretara en primera instancia que Argentina debe pagar el total del valor nominal de estos papeles, unos 1,600 millones de dólares. “No se trata sólo del escándalo de que Elliot cobre a precio de oro lo que compró como basura, sino de las otras consecuencias. Si Argentina paga, todos los acreedores que aceptaron recortes podrían reclamar un trato igual y exigir demasiados billones de dólares. Si Argentina no paga, la justicia de Nueva York decretaría la existencia de un default y podría embargar cualquier propiedad o cuenta bancaria de la República Argentina en Estados Unidos. El caso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en juego no es sólo la economía argentina, sino la posibilidad de reestructuración de cualquier otra deuda soberana en el futuro. Una eventualidad nada improbable, considerando la evolución de la crisis europea”.
Además, si Elliot triunfara, la posición de Nueva York como plaza financiera se vería comprometida, ya que los países emisores de bonos preferirán hacerlo desde Londres, donde la legislación y jurisprudencia es menos tolerante con los fondos buitre. No es tan sorprendente, entonces, que a pesar de las notorias diferencias políticas, la posición argentina haya sido defendida públicamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la propia Anne Kruger.
Ciertamente, este fallo tan esperado puede cambiar en los tiempos por venir la misma idea de seguridad jurídica que ha prevalecido como mensaje dominante en los últimos sesenta años.