Finalmente, y luego de un lustro de silencio, la cuestión sobre el impacto criminal del narcotráfico se instala en la sociedad de manera intensa desde los referentes públicos.
El documento de la Iglesia Católica, difundido recientemente, sumado a la notificación de la Corte al Gobierno que indica que los jueces de Salta y Jujuy carecen de medios razonables para actuar conforme al nivel de impacto que el narcotráfico provoca en la sociedad, han dado espacio y sustento a la sensación de impunidad que percibe la población.
En estos días ha habido respuestas. El gobernador Daniel Scioli se diferenció del discurso del Gobierno nacional -el ministro de Defensa Agustín Rossi había dicho que una ley de derribos implicaría aplicar la pena de muerte- y planteó que cuando menos hay que debatir una ley sobre el tema, y que la normativa pueda conducir a que sean los narcos los que tengan miedo, y no la población.
El obispo de Buenos Aires, Mario Poli, profundizó la comunicación eclesial, y expresó esta semana: “Vemos que el narcotráfico es un monstruo que pisa fuerte y viene por más. Y que nadie lo para. Y sabemos que se puede. Queremos un país libre de cualquier esclavitud, pero especialmente libre de cualquier adicción, de cualquier droga”.
Y este es un punto central del debate: drogarse no tiene que ver con la libertad. Tiene que ver con la esclavitud del individuo y su sometimiento a terceros en función de su padecer, que luego deviene en un padecer de todo el conjunto.
La procuradora general Alejandra Gils Carbó dio una pauta remarcable. Integrante del colectivo Justicia Legítima, de posiciones afines o complementarias a la visión del Gobierno, fue quien notablemente se desmarcó e introdujo la dimensión sociocultural en el tema de la droga. Señalaba Gils Carbó en diálogo con Radio del Plata: “La lucha contra el narcotráfico no sólo se debe dar en la Justicia y con las fuerzas armadas, sino desde las escuelas y en los hogares de la familia, con un discurso “firme y claro” sobre la peligrosidad de las drogas”, y abogó por reformar el modelo argentino para que los fiscales sean los encargados de investigar a los narcos. También apuntó: “En más de una oportunidad hay un discurso drogadicto que justifica que un cigarrillo de marihuana no hace nada. Primero, que ha sido el camino de entrada de todos los adictos, y además, hay que tomar conciencia del cambio psicológico que es para un chico que está en edad de crecimiento estar en una nube, cuando está formando su personalidad, con todos lo sentidos en ebullición”.
Esta aseveración, de sentido común va de nalgas con la prédica del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, el hoy senador Aníbal Fernández, y actores del sistema federal como los jueces de Mar del Plata Roberto Atilio Falcone o Mario Portela, cuyas opiniones y actuaciones públicas los colocan claramente en el otro extremo del pensamiento sobre la cuestión.
El consumo de drogas en Argentina es un mercado feroz que se disputa a tiros y que deja muertos por doquier. Según publica este fin de semana Perfil, en Salta se preguntan: “¿Quién dijo que acá no pasa lo mismo que en Córdoba y Rosario?”, dice el fiscal federal de Orán José Luis Bruno. La respuesta la da él mismo: “No saben lo violenta que está la zona. El año pasado tuvimos 12 muertos, hay muchos ajustes de cuentas y casas tiroteadas”.
Según explica el fiscal Bruno, en la zona norte de Salta han comenzado a viajar desde hace unos años europeos del Este y hay instalada una comunidad bastante importante de colombianos. Casi todos los europeos del Este quedaron involucrados en causas. “Es una frontera muy extensa, no es tan fácil y se volvió muy violenta. Acá hay toda clase de delitos: tenemos desde secuestros extorsivos hasta contrabando y trata de personas”, destacó Bruno. “Yo tengo causas en las que están involucrados gendarmes y policías”, destacó el fiscal, antes de asegurar que la corrupción es una epidemia que no reconoce límites.
Corrupción y narcotráfico, dos conceptos unidos por lazos invisibles, que no están en la superficie. Lazos que, pese a su invisibilidad, dejan rastros que es posible identificar, perseguir y acabar.