En tanto se sigue debatiendo en los medios sobre la conveniencia o no de dar lugar a un nuevo Código Penal y el debate pasa más por los supuestos que por el conocimiento espécifico del asunto, la realidad de la violencia golpea fuerte a nuestra sociedad.
Esta semana se conoció que aquello tan temido y tantas veces enunciado, finalmente está entre nosotros. Según publican diversos medios de Rosario y se replica en el resto del país, se ha conocido que un policía, detenido en la Jefatura de Rosario, y un delincuente procesado por homicidio, tramaban asesinar al juez Juan Carlos Vienna, el magistrado que mantiene procesadas por asociación ilícita a 36 personas ligadas a la banda narcocriminal de Los Monos. Germán Almirón, integrante de la Brigada de la División Judicial de la Policía, está preso acusado de favorecer la fuga de Juan Domingo Ramírez, un delincuente sindicado como sicario de Los Monos, que el 15 de enero pasado escapó de la jefatura policial nueve horas después de ser detenido cuando iba a visitar a su padre en el barrio de la Carne, en la zona sur de Rosario.
Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre los dos detenidos pusieron al descubierto el plan, según revelaron fuentes judiciales. “Hay que matar a un juez o a un fiscal para que esto no pase más”, se escucha en un diálogo entre los detenidos. “Yo me encargo de Salchicha -en referencia a Vienna-“, fue la frase que concluyó esa conversación.
“No eran amenazas sino un plan para eliminar al juez”, afirmaron en la Justicia. Esta trama sale a la luz en un clima enrarecido por la violencia narco en Santa Fe, donde al ataque a balazos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti -el 11 de octubre del año último- le siguió una serie de amenazas contra las máximas autoridades de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto y Matías Drivet. Ambos denunciaron la semana pasada intimidaciones que llegaron a sus teléfonos, con datos muy puntuales de sus vidas personales y de los autos oficiales que utilizan a diario. Esta situación debe verse en contexto con la situación aún pendiente de esclarecimiento en Mendoza, referida a la denominada banda de “la Yaki”, quien había lanzado un “ukase” para asesinar a periodistas del diario El Sol.
Retornando a Rosario, la información indica que el plan que se orquestaba para asesinar al juez Vienna fue interceptado el miércoles pasado por el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros, que sigue adelante una causa por narcotráfico que tiene como principales imputados a Reina Isabel Quevedo y a Julio César Feldkircher. Ambos fueron procesados esta semana pasada por tráfico de drogas, junto con otras cuatro personas, que quedaron detenidas el 9 de febrero pasado en un operativo que realizó la Policía Federal en Metán, Salta, y en Rosario.
Lo que es visible en Santa Fe y Mendoza no constituye exclusividad. Esta clase de violencia está presente allí donde el comercio de drogas se hace fuerte y genera inmensas masas de dinero ilegal, que corroe y corrompe los estamentos de la sociedad hasta el tuétano. La frivolidad de los despenalizadores -como aquellos que se suponía integraban una legión de notables entendidos en la materia, liderados por Aníbal Fernández-, que alegan que el consumo de drogas es sólo una cuestión de salud pública, y que la persecución por parte del Estado es una intromisión en los derechos personalísimos de los individuos, se da de nalgas contra esta realidad incontestable. La droga mata, por su acción propia y por la dinámica criminal de las organizaciones que la trafican. A los escépticos sólo les queda remitirse a los hechos.