Detrás de escena. La escena se produjo en la sesión del Concejo Deliberante en la que se trató el último aumento de la tarifa plana del boleto en Mar del Plata. La crónica señalaba entonces que en medio del desarrollo de la sesión, un grupo ubicado detrás de las bancas, sobre el fondo del recinto, insultaba a la presidenta del cuerpo, Vilma Baragiola. Era 10 de enero del presente año, y el vandalismo se hacía presente una vez más. Fuera del recinto se incendiaban contenedores, se arrojaban piedrazos hacia las ventanas del Concejo y se ponía en peligro la vida de los allí presentes; todas acciones claramente tipificadas en el Código Penal.
De todo ese vandalismo quedaron 22 detenidos. De las detenciones y las acciones policiales quedó una lista de cuestionamientos. Han pasado ya tres meses, y aún no hay una sola definición de la justicia sobre lo ocurrido. La voluntad política del intendente es que todo pase y nada se conculque. A punto tal que de parte de la Fiscalía General hay orden, en la persona del propio Fernández Garello, de ceñir todo al ámbito de la mediación. El 17 de marzo se celebró una audiencia en la Fiscalía de Mediación Judicial, que debía establecer un curso a seguir buscando aplicar el instituto de la “probation” a los vándalos detenidos en la ocasión. Los encartados son: Gonzalo Peruzzaro, 22 años, empleado de la provincia de Buenos Aires en un programa dedicado a adultos mayores; Sebastián Giménez, 26 años; Fermín Abasolo, 29 años, empleado de la comuna de Gral. Pueyrredón; Federico Serrano, 22 años, estudiante; Rocío Olave, 24 años, estudiante de Trabajo Social; Facundo Vázquez, 22 años, empleado; Cristian Sanpirisi, 22 años, empleado; María Paz Corrial, 22 años, estudiante del Profesorado de Inglés; Guillermo Cubero, 22 años, empleado; Fausto Smulewicz, 18 años, estudiante secundario; el militante del PCR y docente Matías Rodríguez, 31 años; Fermín Smulewicz, 23 años, estudiante de Profesorado de Educación Física; María Alejandra Pintos, 32 años, estudiante de Terapia Ocupacional; Facundo Villalba, 25 años, empleado de una ONG; Walter Urriozola, 41 años, albañil, y Jonathan Chirizola, 23 años, estudiante que reporta políticamente al secretario de Derechos Humanos de la comuna, José Luis Zerillo. Reiteramos: las acciones judiales están en un limbo.
Limbo judicial y político. A todo evento, estas acciones son propias de la figura que aplica a los hechos en flagrancia. Estaban en la vía pública, rompieron veredas y cordones para utilizar como proyectiles contra las ventanas del Concejo Deliberante. Parte de un accionar deliberado y no fruto de un momento de ira, también resistieron el accionar de la autoridad que actuaba según su competencia. ¿Por qué entonces se procede en una fiscalía de mediación? Por acuerdos políticos que rigen detrás de la escena. Los mencionados no son ciudadanos de a pie indignados. Son militantes de fuerzas que creen que el accionar violento es un instrumento para la toma del poder, y actúan de consuno con el intendente Pulti. De hecho, un histórico actor de la violencia local como Daniel Barragán está hoy en la plantilla municipal. La posición del secretario de Gobierno, Pablo García, ante la fiscalía al señalar que el Ejecutivo no tiene nada que ver, es clave. Hay impunidad pactada.
Arribo inesperado. Ciertamente, nada que ver con la esperanza anunciada por el gobernador Daniel Scioli, ante el arribo de la draga china que remueve el banco de arena, en el sentido que sería del agrado general que antes de la finalización del verano llegaran cruceros a esta estación marítima. Llegó un crucero el segundo día del otoño, pero no le permitieron amarrar en la terminal de cruceros por no estar esa posición de amarre en condiciones. La inesperada llegada del Ocean Diamond a nuestro puerto fue para bajar a 60 pasajeros chinos que debían embarcar en Ezeiza. Ante la falta de preparación de la terminal local, debieron desembarcarlos entre lanchas amarillas y en situación de gran precariedad. Turismo de aventura que le dicen.