El poder judicial, en cualquiera de sus instancias, es indudablemente el animal político de más fino olfato que pueda hallarse. El triple mandoble que le aplicó la justicia al cristinismo y sus satélites con el fallo de la Cámara Federal en el caso de la denuncia por espionaje a los familiares del ARA San Juan, es un claro ejemplo.
A poco de asumir, los alfiles judiciales de Cristina Fernández iniciaron una blitz de denuncias para crear una situación de «espejo» que pusiera a Mauricio Macri en el mismo lugar que a ella, obligando —así lo entendían— a una negociación política que llevara a un acuerdo de amnistía general.
A tanto, que el periodista y director de la cátedra en la Universidad de Lomas de Zamora, Daniel Bilotta, llegó a afirmar que existían negociaciones para cerrar las causas de Cristina ante una eventual condena a Mauricio Macri. Absurdo por donde se lo mire, dado que la matriz del reclamo a Macri por parte de los integrantes de Juntos por el Cambio que piden «cerrar la grieta» ha sido y es un pacto de impunidad, que el ex mandatario jamás aceptó.
La misma idea de aceptar acuerdos ha ido contra la evolución de distintas causas, y explica las largas pausas que se dieron en el desarrollo de las mismas. El fallo de la cámara presidida por Mariano Llorens fue claro: no hay elementos que puedan hacer entender que se violó la ley y que lo realizado por los agentes de la AFI está en línea con el deber de proteger la institución presidencial. Cuando esos deberes no se cumplen, se dan situaciones como las que ocurrieron en el viaje de Macri a Mar del Plata en agosto de 2016, cuando fue atacado por grupos coordinados, entre otros, por el hoy desaparecido Ricardo Berrospe, junto a miembros de la organización «HIJOS», y otros de «Votamos Luchar». El hecho, que puso en peligro la vida del entonces presidente, quedó en la nada misma, por la negativa de la fiscal —miembro de «Justicia Legítima»— Laura Mazaferri de investigar los hechos.
Si bien seguramente la causa será apelada a Casación, es improbable que el fallo no sea confirmado ya que, como señala el mismo, «las actividades de inteligencia están llamadas a preservar la vigencia e integridad del orden constitucional… la defensa nacional, la seguridad interior y la seguridad del Estado Nacional». Es obvio que, entre esas competencias, está la integridad física del presidente.
Un dato crucial en este enredo creado por las usinas de inteligencia del cristinismo a la búsqueda de generar un «espejo» que obligara a una negociación política es que, en esta semana, comienza el trámite de juicio político al juez Martín Bava, coautor del creativo escenario presentado para que, obligaciones propias del Estado, se hayan travestido de hechos criminales.