Se conoció recientemente un informe que revela que en la Argentina, el robo de celulares llega a la extraordinaria cifra de 273 teléfonos cada 60 minutos. Víctimas principales -alrededor del 35%- son chicos y adolescentes. Asimismo, se estableció que el lugar elegido por los delincuentes para robar los equipos son los colectivos. Una escena que se repite con más frecuencia es que muchos chóferes alerten a sus pasajeros cuando el recorrido atraviesa por zonas complicadas.
La cuestión suele ser motivo de polémicas; una de ellas es que se roban porque alguien compra. Hay otra razón, y es que las compañías que manejan el paquete tecnológico no actúan para impedir que teléfono robado no pueda ser puesto nuevamente en línea. La sigla IMEI proviene del inglés “International Mobile Equipment Identity”, lo que traducido al español significa “Identidad Internacional de Equipo Móvil”, y su propósito es proporcionarle al teléfono celular una identidad única en todo el mundo. Esta tecnología es manejada por las compañías y debería significar que ante una denuncia, el aparato en cuestión quede inoperativo. Sin embargo, es evidente que no funciona de ese modo.
Pero el nuestro no es el único país donde sucede algo así: en Estados Unidos, en 2012 se robaron 1,6 millones de celulares. Por eso, funcionarios de San Francisco y Nueva York (dos de las ciudades más afectadas) pidieron una reunión con Apple, Google, Microsoft, Samsung y otras compañías para evaluar qué hacer. Ya existen herramientas para combatir el crimen. Ante un robo denunciado, las operadoras (aquí y en todas partes del mundo) ponen el número de serie del equipo en una lista negra que, en teoría, evita que este equipo pueda ser usado en esa red. Y la asociación GSM (que agrupa a la enorme mayoría de las operadoras de telefonía móvil del mundo) mantiene una base con datos cruzados de todas las operadoras para evitar que un celular marcado como robado pueda ser usado en otra compañía o incluso en otro país. De hecho, 13 operadoras de América latina firmaron un acuerdo en julio de 2012 para sincronizar sus bases de datos.
En la práctica, sin embargo, esa información no siempre circula adecuadamente. Además, hay herramientas que son capaces de cambiar el IMEI del teléfono, lo que vulnera este sistema de seguridad. Lo cierto y comprobable es que una búsqueda en Internet revela que la seguridad es absolutamente precaria y el cambio de IMEI se logra fácilmente con programas y tutoriales que están al alcance de cualquier persona.
La ley es un adverbio de modo caído en desuso. No aplica, porque no hay una acción concreta en contra del mercado secundario de venta de teléfonos celulares, y la violencia se recicla al compás del crecimiento del consumo de drogas, que hacen una sinergia brutal con este tipo de delito. La relación está confirmada por la facilidad de venta del bien robado y la ausencia literal de castigo ante esta infracción.
En la era de la posesión de objetos comunes que también son un parte indivisible del deseo colectivo, el tener de cualquier manera, sin pensar que se puede ser la próxima víctima, realimenta un circuito nada virtuoso.