La estatización a las piñas de YPF que llevaron adelante Cristina Elisabeth Fernández y el entonces ministro de Economía Axel Kicillof estuvo destinada, desde su origen, a terminar siendo un evento ruinoso para nuestro país.
No hacía falta ser entendido en leyes para advertir que los actos públicos impulsados por Cristina y su ministro de Economía iban a terminar teniendo un alto precio. Y así es: US$16 mil millones, a lo que se suman las costas judiciales, que suman varios millones más.
En el congreso de la nación, sólo algunos pocos se opusieron, y no estrictamente a la estatización, sino al procedimiento de facto que atropellaba los derechos de los integrantes de Repsol-YPF y del grupo Eskenazi. Luego de afirmar que no se le pagaría ni un peso a la empresa española, finalmente —y en un acuerdo de amigos— Kicillof ordenó pagar US$5 mil millones en bonos del Estado para cerrar el diferendo, pero quedó pendiente la cuestión de los Eskenazi.
Citatando al diario Clarín: «La llegada de la familia argentina Eskenazi —a través de Petersen Energía— a la propiedad de YPF se tejió a través de un sistema particular. La española Repsol le vendió hasta un 25% de las acciones de la mayor empresa del país sin que los Eskenazi tuvieran que poner mucho dinero. La operación se hizo a través de un “préstamo del vendedor”: Repsol le prestó plata a Petersen Energía para que esta firma argentina se quede con acciones que eran de la española».
Linda manera de hacerse de un patrimonio: con un préstamo de quien lo vende. Original por donde se lo mire. Esa misma familia inició un juicio por su parte y se lo vendió a un fondo muy agresivo que se especializa en este tipo de inversión litigiosa. ¿Por qué vendieron el juicio? Porque los bancos que avalaron los préstamos con los que Petersen Energía le pagó a Repsol el porcentaje de YPF la impulsaron a pedir la quiebra en España. Allí es cuando apareció el fondo Burford, que compró los derechos para litigar en €15 millones. El liquidador español de la quiebra aceptó, pero a cambio se reservó el 30% de lo que reciba Burford como compensación.
En medio de todo este desquicio, la defensa de Axel Kicillof fue hablar de fondos buitre y de causalidad, por darse el fallo en medio de una campaña electoral. La jueza Preska falló recientemente a favor de Argentina en otro litigio por US$96 millones que impulsa el fondo Bainbridge, rechazando embargar las reservas del Banco Central. A pesar de haberle dado la razón a Bainbridge en su reclamo debido al incumplimiento de pagos la jueza falló contra el embargamiento de las reservas regidas por la ley Foreign Sovereign Immunities (Act -FSIA), la cual establece la inmunidad los activos no comerciales de las entidades estatales ante la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos.
No es la jueza, es la imprudencia y la estulticia de estos gobernantes que postran al país en nombre de un discurso alucinado y alucinante que produce estos daños inconmensurables.