La semana que ha concluido trajo a la Argentina otra vez a nuestra Fragata Libertad, buque escuela de la Armada y símbolo de la nacionalidad. Al mismo tiempo, alumbró una nueva controversia sobre el poder y sus nexos dentro de la vida política y social argentina.
Desde la siempre amenazante Hebe de Bonafini partió el último ukase del poder a la Corte: “O fallan a favor del Gobierno en la Ley de Medios, o tomamos la Corte”. La mujer que se alegró por el atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, se paró en las escalinatas del edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y asumió que representa un poder que la cuenta como uno de sus arietes preferidos. Afortunadamente, un fiscal y un abogado del llano concurrieron a denunciarla, entendiendo que la amenazante señora es capaz de concretar sus dichos y pasar de la palabra a la acción.
Estos escenarios de poder corren siempre el riesgo de que creamos que Argentina es la mismísima evocación del mal y de lo que está mal en cualquier circunstancia o lugar. Contrariamente, ciertas conductas son, observablemente, una constante de la condición humana y de las relaciones de poder.
Andrew Gavin Marshall describe para Information Clearing House la situación del HSBC y el comportamiento de la Security Exchange Commission y de los gobiernos de México y Estados Unidos respecto de ese banco como lavador de dinero del narcotráfico.
Gavin Marshall señala que “El 11 de diciembre de 2012, el día que el New York Times calificó como el más negro para el estado de derecho, el HSBC, segundo banco más grande del mundo, no pudo ser enjuiciado por sus extensas y generalizadas actividades criminales de blanqueo de capitales de regímenes sujetos a sanciones, cárteles mejicanos de la droga y organizaciones terroristas (incluida Al Qaeda). A pesar de admitir su culpabilidad, y con la culpa asegurada, el Estado y las autoridades federales de Estados Unidos decidieron no enjuiciar al banco ante el temor de que los cargos penales pudieran poner en peligro a uno de los mayores bancos del mundo, y en última instancia, desestabilizar el sistema financiero global”. A cambio, el HSBC aceptó pagar la cantidad de 1.92 millones de dólares.
El temor era debido a que un enjuiciamiento penal sería la “pena de muerte” para el HSBC. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que llevaba el enjuiciando del caso, recibió la advertencia del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos de que tomar “una medida tan agresiva” contra el HSBC podría tener efectos negativos para la economía. En su lugar, el banco debía renunciar a 1.2 millones de dólares y pagar además 700 millones de multa por violar la Ley del Secreto Bancario y la de Comercio con el Enemigo. En su declaración, El Presidente Ejecutivo del HSBC declaró: “Aceptamos nuestra responsabilidad por los errores anteriores (…). Nos comprometemos a proteger la integridad del Sistema Financiero Global. Y a tal fin, continuaremos trabajando estrechamente con los gobiernos y reguladores de todo el mundo”. Con los más de 7 mil millones de dinero de los cárteles mejicanos de la droga blanqueados sólo a través del HSBC, la multa equivale a una tontería. No hay más que hacer un análisis del costo-beneficio del negocio: si el “costo” de blanquear miles de millones del dinero de la droga es inferior al “beneficio”, continuarán con la misma política.
Ni un solo banquero ha sido acusado en el caso como parte del acuerdo alcanzado entre las partes. El New York Times admite que “al Gobierno norteamericano le han vendido la noción de que si se es demasiado grande para quebrar, también se es demasiado grande para encarcelar”. Lo dicho y suscrito: aquí, allá, y donde quiera que sea, el poder genera impunidad.