El fallo de los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Javier, absolviendo de culpa y cargo al ex jefe del ejercito Cesar Milani, genera un impacto a corto plazo que —de quedar firme— podría suponer un cambio de paradigma en los criterios llevados adelante en los juicios de lesa humanidad, en donde la palabra de los testigos se convirtió en el fiel de la balanza que da pábulo a las sentencias, aún sin pruebas concretas presentadas ante el tribunal.
Las reacciones en este caso están en proyección cambiada a lo que era de rutina frente a estos juicios. Hebe de Bonafini se alegró y manifestó que siempre creyó en la inocencia de Milani. El gobierno, recurrentemente acusado de no acompañar este tipo de juicios por las organizaciones de izquierda que actúan bajo el cartabón de los derechos humanos, anunció por medio de Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos, que va a recurrir la sentencia. Entiéndase que los fiscales habían pedido una condena de dieciocho años para Milani.
César Milani, en la previa a la sentencia que no sólo le absolvió, sino que ordeno su inmediata libertad, había expresado un mensaje político auto titulándose un militar del campo popular y descaracterizó a sus pares de hoy, tildándolos de estar al servicio de intereses ajenos a la patria. Eso es el plano político y sus variantes. Hay otro ítem que deben verse a futuro.
Tal como señaló Graciela Fernández Meijide, y cuando aún no se conocen los términos de la resolución judicial en todos sus términos, la sentencia absolutoria ya debe ser motivo para que otros militares condenados por causa de lesa humanidad requieran la revisión de su causa. Es, quizá, el interrogante más importante, aunque hay un largo camino por delante aún.
El gobierno anunció que va a reclamar a las instancias superiores. Es obvio que de allí, sea cual sea el decisorio, la causa irá a la Corte Suprema de la Nación y no debería extrañar que la misma sea resuelta en ámbito internacional. El otro decisorio crucial es el que produjo el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.
Está claro que la investigación judicial conocida como la causa “D’alessio” nació con el objetivo de dañar el proceso en torno del escándalo de corrupción de los cuadernos. Es difícil que algo que se produzca en ese ámbito cambie el curso de esta investigación que puso contra las cuerdas a la mayor estructura de corrupción que haya operado en Argentina en su historia reciente.
Lejos de eso, el procesamiento al periodista Daniel Santoro abre las puertas del arcano de la relación entre periodistas, servicios de inteligencia paralelos, y operadores económicos, enlazados en la utilización de la expresión pública como instrumento de extorsión. Esa historia recién comienza a develarse. No debe mirarse con la anteojera ideológica ni de quien es Alejo Ramos Padilla, juez de justicia legitima, ni bajo el prisma de la santidad per sé de la práctica periodística. Lo que cuentan son los hechos. Es lo único que debe influir a la hora de tomar una posición ante estos actos del sistema judicial que tanto impacto provocan en la sociedad.