Celebrada por todo lo alto, la salida del default trajo oxígeno a los gerentes de los fondos comunes a nivel global, que hallaron en la oferta argentina un negocio imposible por el estado de la economía mundial. En la misma semana en que nuestro país volvió a los mercados para recibir ofertas por 65 mil millones de dólares a una tasa de corte del 7.5 a treinta años, en la eurozona se anunciaba que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá las tasas de interés en 0% con la intención de incentivar el consumo y mejorar las perspectivas inflacionarias de la zona. Además de mantener los tipos en los mínimos históricos, continuará cobrando a los bancos un 0,4% por depositar el dinero en el BCE, y el 0,25 por la tasa de crédito marginal. También seguirá con la política de impresión de dinero y de ofrecer pagos a los bancos para tomar préstamos y exhortarlos a otorgar créditos.
Ante la inestabilidad económica de la eurozona, la institución financiera resolvió aliviar los tipos de interés y comprar deuda pública y privada, para lo cual designó 80 mil millones de euros mensuales a partir de abril, a diferencia de los 60 mil millones que utilizó en los pasados seis meses.
Pero no sólo se trata de Europa. Japón anunció el recorte de su tipo de interés de referencia, que quedará en el -0,1%. El instituto emisor japonés señala que la bajada busca “alcanzar lo antes posible” la meta de una inflación del 2% anual. Para ello recortará el tipo de interés aún más en el terreno negativo si lo juzga necesario. En lugar de recibir interés, los usuarios tendrán que pagar al Banco de Japón por mantener depositados en él sus fondos.
Literalmente chocaron los planetas para asegurar el éxito argentino en los mercados mundiales. El escenario proveyó el marco para que la historia de la deuda cerrara un capítulo, que el juez Griesa pudiera manifestar que sentía gran gozo al levantar las medidas, y que el presidente Macri despidiera a la Fragata Libertad sin temor a embargos en los puertos del mundo.
Lejos de la alegría, una declaración ante el juez Ariel Lijo abrió un frente impensado en la causa de la efedrina, que vincula la financiación de la campaña electoral de 2007 con los crímenes de General Rodríguez y el rol de Aníbal y Alberto Fernández, al señalar el imputado Gabriel Brito ante dicho juez que quien operaba para los actores gubernamentales involucrados en ambas causas (financiamiento ilegal de campaña/triple homicidio) era el propio hermano del magistrado, el operador judicial Alfredo Lijo. Una declaración que el juez no podrá ignorar, y que abre otra puerta a este averno mafioso que es la justicia federal argentina.
