Las escenas de horror no fueron provistas por la imagen televisiva: fueron plantadas por el discurso y los zócalos de la cobertura. Se habló del culto a San La Muerte, de convivencia con un mono y un perro, más un abandono cruel hasta reducir a una niña de 15 años a la condición extrema de apenas una bolsa de huesos analfabeta de no más de 20 kilos.
Detrás de esas imágenes citadas comienza a aparecer otra historia de infinita crueldad: la falta de apego al rol de los funcionarios del Poder Judicial y la indiferencia por el prójimo desvalido.
Organismos dedicados al tema de los derechos de la niñez señalan: “Sin seguimiento judicial de la guarda provisoria y sin denuncias de familiares, vecinos o allegados, el calvario que durante nueve años vivió Julieta quedó oculto entre cuatro paredes. Por negligencia, por falta de voluntad o escasez de recursos se llegó al peor de los escenarios para esta chica de 15 años. Ahora que el martirio se conoce en detalle, el caso de Lugano puso al descubierto las serias fallas del sistema judicial. Especialistas consultados por medios metropolitanosdenuncian la falta de un sistema de protección de los niños dados en guardas provisorias y en adopción -también de los que esperan ser adoptados-, y de sus familias, carenciadas y vulnerables en todo sentido”.
En el caso de Julieta, el juzgado de menores de Provincia que otorgó su guarda nunca constató en qué condiciones vivía.
“Esto pone de manifiesto la falta de control que existe. No hay quién defienda a los chicos: están a la buena de Dios”, afirma Leonor Wainer, psicóloga especializada en Familia y Adopción, que preside la asociación civil Anidar. “Cuando se da una guarda, del tipo que sea, debe haber un seguimiento. Pero la realidad demuestra que todo se deja a la ‘buena voluntad’ de las familias que cuidan o adoptan”.
“¿Quién controló si comía, si iba a la escuela, si tenía sus vacunas, si estaba cuidada en su salud? Absolutamente nadie. Dejó de existir, ‘desapareció’ en democracia, a nadie le interesó su existencia”, asegura Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn). Y subraya: “Los niños y niñas no son objetos para satisfacer a los adultos, sino ‘sujetos de derechos’, personas en desarrollo a los que se le debe amor pero también respeto por su cuerpo y subjetividad”.
Desde el discurso está todo claro. Lo que no está claro es por qué en la práctica estos horrores suceden. Tal como lo reveló el fiscal que procura el caso penal en contra del matrimonio que tenía a la niña en tan espantosas condiciones, es evidente que los controles judiciales fallaron. “No puede ser que se haya prolongado esta situación en el tiempo”, admitió el fiscal Juan Necol, a cargo de la investigación que se inició el año pasado pero cuyo desenlace en estos días, en declaraciones a radio Del Plata.
La joven, de nombre Julieta, cuyo apellido se preserva, tiene “una edad mental de nueve años, menor a su edad biológica por todo lo que ha sufrido, sumado al encierro. No está socializada pero se la entiende bien”, precisó el fiscal. Si bien evitó dar detalles escabrosos sobre las condiciones de vida, Necol calificó al hecho como una “grosería y barbaridad delictiva”.
Por el caso que ocurrió en Lugano, un barrio de clase media baja al sudoeste de la capital argentina, están detenidos desde el 5 de abril Daniel Gómez, de 43 años, y Adriana Barros, de 56, pareja que tenía la guarda de la niña desde 2001. Aunque el caso salió a la luz el miércoles pasado, la joven ya había sido rescatada a fines del año pasado, aclaró el fiscal. “Lo primero que se hizo fue sacar a la joven del lugar a fines del año pasado. La niña pesaba 20 kilos, ahora está con más peso. Se tardó un poco con todos los otros trámites, porque no queríamos revictimizarla y tenía que estar en condiciones para dar su testimonio”, explicó.
La pareja, que según se descubrió en los allanamientos, eran adoradores de “San La Muerte”, un culto pagano muy difundido en América latina, está acusada de reducción a la esclavitud, privación ilegal de la libertad y lesiones graves, que contemplan hasta 25 años de prisión. Los datos del juzgado responsable de tanta indiferencia y falta de profesionalidad siguen, no obstante, sin darse a conocer debidamente a la sociedad.