La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina sacudió el tablero institucional del país al resolver por unanimidad que la ley que en 2006 modificó la conformación del Consejo de la Magistratura es inconstitucional. El fallo apunta a quitarle al gobierno de turno el poder absoluto sobre dicha institución, que es clave para el funcionamiento y control del poder judicial federal.
La corte impone un tiempo expedito de 120 días para que se sancione una nueva ley que ordene el consejo en los términos institucionales que implica el equilibrio de poderes y determina también que, de no sancionarse la misma, todos los actos que sancione la institución serán nulos de nulidad absoluta. 15 años se tomó la Corte para un cambio que los poderes políticos y los concurrentes al ejercicio del derecho reclamaban fuertemente.
El gobierno jugó sus cartas en modo desmedido, fiel a su estilo. El ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria concurrió a su pedido a una reunión con los integrantes del máximo tribunal para exigirles que no se tratara este fallo, o que el mismo se alineara con los objetivos del gobierno. En un juego de presiones bochornoso, dejó en un damero de medios afines la idea de que el poder del gobierno y, por ende, sus deseos, estaban por encima de cualquier otra postura. Un tempo equivocado para pretender argüir poder total.
En el colmo del ridículo, la vocera presidencial, la experiodista y exdiputada Gabriela Cerruti señaló que el gobierno debate internamente proyectos para modificar la justicia porque «así como está, no sirve». Ridículo, porque el gobierno hoy no tiene los votos para imponer nada, tal como quedó claro en el debate por el presupuesto 2022.
Esta discusión que, a todas luces, tiene tiempos acotados, será en el contexto que la Corte ya precisó y que va a marcar la suerte de una institución que se pensó superadora en el mecanismo de designación y remoción de jueces durante la convención constituyente de 1994. La reforma impulsada en 2006 tenía por objetivo el «ir por todo» y garantizar un marco de impunidad que, aún hoy, tiene un peso tremendo en la vida de los argentinos.
Serán 120 días intensos en medio del fin de las sesiones ordinarias y un tironeo político que marcará la agenda institucional de cara al 2023.