Tenía 12 años. Vivía en Monte Quemado, una pequeña localidad del norte de Santiago del Estero. Su padre había muerto. Su madre, pensionada, era su único sostén. Y alguien de su propia familia la violó.
Cuando la Justicia tomó conocimiento del embarazo, la niña ya cursaba el octavo mes de gestación. Esa demora —inexplicable, inaceptable— es el primer dato que no puede pasarse por alto: el sistema la encontró demasiado tarde, o la buscó demasiado poco.
Lo que siguió, fue una carrera contrarreloj: la menor y su madre viajaron más de 1.100 km, desde el norte profundo hasta el conurbano bonaerense, presuntamente con la intervención de una ONG porteña —la Fundación CIGESAR— que habría gestionado el traslado y el procedimiento. El 24 de abril, en la Clínica Santa María de Villa Ballester, se practicó la interrupción del embarazo. El médico responsable, Damián Levy, director de CIGESAR, sostuvo públicamente que todo se realizó dentro del marco de la Ley 27.610.
La clínica de Villa Ballester en donde se realizó el aborto, dice que la institución solo presta el servicio del uso de los quirófanos, obviamente a cambio de un pago. Una inspección del ministerio de Salud provincial encontró solo faltas menores, que no ameritaron sanción alguna para la clínica.
El fiscal de Monte Quemado, preocupado por asegurar el ADN del violador —que permanece prófugo, junto a otro familiar—, urgió a que se interviniera la clínica antes de que esa evidencia desapareciera. El allanamiento de la Policía Bonaerense derivó en un hallazgo que conmocionó al país: ocho fetos en bolsas de residuos patógenos. Cinco de ellos, completamente formados. Tres más en estado embrionario. Esta situación, en donde se espera que los peritos de la Suprema Corte de la provincia establezcan la identidad del violador, ha colocado a la sociedad frente a la crueldad del uso de la ley en extremos.
La senadora Tapia (UCR Santa Cruz) señaló en el plenario del 29 de diciembre de 2020 que el proyecto «permite y reconoce como derecho el aborto más allá de la semana 14, sin límite de edad gestacional; por lo que podría hacerse la práctica en gestaciones tardías durante los nueve meses», y recordó que, luego del quinto mes, el feto es viable fuera del útero.
Lo que ha ocurrido en este caso es legal, pero es criminal aunque jamás nadie pague por este asesinato.