No es la elección general de Octubre, que es de por sí un desafío para el presente y futuro de Argentina. Es la batalla por el cambio que saque al país del retraso que implica haber sufrido 14 recesiones económicas desde la década de 1950 hasta estos primeros años del siglo XXI.
No se trata solamente del cambiante escenario mundial que desde la conformación de la alianza del hierro y el carbón creada en 1951 introdujo la batalla de subsidios entre Estados Unidos y la Unión Europea, o la fantástica velocidad del cambio tecnológico, sino las cuestiones propias del orden legal e institucional en nuestro país.
Reiniciada la vida democrática luego de décadas de interrupciones institucionales, el sistema forjado en los ’70, en particular en el marco de las relaciones laborales, mantiene un marco asfixiante para la contratación de mano de obra, al tiempo que el sistema de justicia aplicado al mundo del trabajo eleva el denominado costo argentino a valores exorbitantes.
Años de poder e impudicia provocan que en muchos casos el peso de los contratos de trabajo y las clausulas de remoción de los mismos en el ámbito laboral lleven a que la mano de obra argentina, por calificada que esta sea, resulte onerosa y no permita ampliar la oferta de trabajo en competencia con otra naciones.
Por primera vez en estas décadas, Argentina tiene empresas novedosas que marcan tendencia. Todas, o cuando menos un amplio número de las mismas, nacieron en el contexto de la convertibilidad que permitió empoderar costos propios en valores internacionales. La nave insignia es Mercado Libre y su controlada Mercado Pago, creadas por Marcos Galperín, hoy un cruzado en el centro de la escena a favor del cambio.
A esta oportunidad de cambiar hacia una Argentina más amplia e inclusiva se oponen —bajo distintos argumentos, en sí falaces— dirigentes millonarios como Pablo Biro de APLA, Hugo Moyano de camioneros o Sergio Palazzo de bancarios. Todos gremios que gozan de irritantes privilegios.
Cambiar este paradigma no ha sido posible desde 1983 cuando el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín no logró imponer la ley sindical que impulsaba Antonio Mucci, Ministro de Trabajo. El gobierno que obtuvo la presidencia con el 52% de los votos no controlaba el Senado. Sólo dieciocho de cuarenta y seis senadores eran oficialistas. Así fue que en una extraordinaria demostración de pericia política, el gobierno perdió la votación clave del Senado por un voto. Los del senador por Neuquén Elías Sapag y el formoseño Manuel Vidal impidieron un cambio que habría marcado otra agenda para el país.
Hoy el desafío es enorme, y cambiar esta lógica es clave para el desarrollo contemporáneo y futuro de la Argentina. La inclusión de Miguel Pichetto como vicepresidente de Mauricio Macri parece anticipar la agenda por venir y las batallas cívicas a desarrollarse.