Desde el inicio de la historia humana, la violencia ha sido un instrumento de poder, no hay nada nuevo en ello. Lo que es tanto novedoso como inaudito es el doble rasero que se emplea para justificar o condenar la violencia según los distintos momentos de la vida de las sociedades.
La expresidenta Cristina Elisabeth Fernández está al frente de una diezmada fuerza partidaria que cree que tiene legitimidad para ejercer violencia con fines políticos. Su conducta ha sido expuesta tanto en su discurso político como en la acción de sus seguidores que, como en el caso del ataque al presidente Mauricio Macri en La Pampa, actuaron celebrando en las redes sociales la palabra corrosiva de su líder.
Agitando el odio y la confusión, la expresidenta mintió al afirmar que a Milagro Sala la habían llevado al penal de Alto Comedero por orden del gobierno en auto sin patente, en pijamas y descalza. Miente cuando dice que hay más pobres. Miente cuando asegura que no hay consumo, o cuando afirma que ella y su movimiento se preocupan de los desposeídos.
Los huevazos arrojados al vehículo que transportaba al Presidente son quizá la nota de mayor frustración por la fallida operación de voltear al Gobierno usando la desaparición de Santiago Maldonado. Aníbal Prina fue detenido por la Policía Federal por el delito de intimidación pública, luego de admitir en las redes sociales su participación en el ataque a huevazos a la caravana durante la visita de Macri a la capital de La Pampa. Prina es docente universitario y fue precandidato a diputado nacional por una lista justicialista de La Pampa que perdió en las PASO.
En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich definió al hecho como “una agresión pensada y armada contra el presidente de la Nación” en el marco de “una situación institucionalmente muy cuestionada de parte del gobernador Verna, que dijo públicamente que como el mandatario iba en campaña, él no tiene nada que hacer”. En este punto, dijo que “la seguridad presidencial debe quedar por fuera de la campaña electoral, como corresponde en un país civilizado”, y subrayó que el mandatario “debe ser cuidado, independientemente que sea campaña o actividad oficial”. Para Bullrich, los dichos del gobernador reflejan un “intento casi de privatización de la provincia”, donde le ponen seguridad al Presidente “cuando quiere, y cuando no quiere, no”.
En cuanto a Prina, profesor de Biología de 60 años, se adjudicó en las redes sociales el hecho: “Nosotros le recagamos (SIC) a huevazos el coche”, confesó a través de su cuenta de Facebook. El hombre forma parte de la agrupación kirchnerista Frente Peronista Barrial, a la cual representó como tercer candidato a diputado nacional en la interna del Partido Justicialista, donde esa lista obtuvo sólo 8.501 votos, muy lejos de los 60.269 con los que triunfó la nómina Peronistas de La Pampa, que responde al gobernador local Carlos Verna.
La detención de Prina fue ordenada por el juez federal Facundo Cubas, quien lleva adelante la causa por la presunta comisión del delito de intimidación pública, que según el artículo 211 del Código Penal tiene una pena que va de los dos a los seis años de prisión. De cómo prospere esta causa puede derivar una situación significativa en cuanto al reproche legal que se impone a quienes usan la violencia como instrumento de la política.