Si por algo se ha caracterizado el peronismo a lo largo de su historia, es en convertir en cuestionamientos políticos a aquellas mismas acciones que ejecutan de modo sistemático en los momentos en que han ostentado el control del Estado.
El término «patria financiera» fue acuñado como una expresión contestataria durante el gobierno militar en crítica a las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz, años de plata dulce cronificadas en un excelente filme que ayudó a popularizar los términos que, en aquellos años, estaban en boca de pocos.
Lo real y concreto, es que han sido las propias administraciones del PJ las que más han hecho para darle forma y amparo a los negocios financieros, que son los más rentables en el universo posible de inversiones en Argentina.
¿Qué fue, si no, el plan BONEX? Urgido por darle un corte a la inflación galopantes que sacudía a la Argentina post Alfonsín, y atravesando una híper en el primer tramo del gobierno de Carlos Saúl Menem —el cual nadie parece recordar—, el contador público nacional Erman González —a la sazón, ministro de Economía—, pergeñó dicho plan que transformó acreencias legítimas de los inversores en un bono del Estado a cobrar en diez años.
En síntesis, fue un plan que afecto a cientos de miles de ahorristas. El canje incluyó depósitos —en su mayoría a 7 o 30 días— que excedían el millón de australes (equivalente a US$ 555), de manera obligatoria, según estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia N°36/1990. A cambio, los tenedores recibieron un bono a 10 años.
«Se dispone que el reintegro que las entidades financieras deban hacer a titulares de depósitos cuando sean superior al millón de australes se hará a partir de esa suma en Bonos Externos (Bonex) 1989», estableció el decreto firmado por Menem y el entonces ministro de Economía, Antonio Erman González.
La medida fue judicializada y luego ratificada por la Justicia. Ante el reclamo iniciado por ahorristas damnificados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Peralta”, determinó que la situación de emergencia justificaba la decisión.
Esta decisión trajo una inmediata paralización de la economía que Javier González Fraga —presidente del BCRA— cuestionó fuertemente, lo que provocó su renuncia. Muchas fortunas se forjaron en las llamas inflacionarias que demolieron el valor del Austral.
Aseveró González Fraga a diversos medios: «En medio de un caos hiperinflacionario, el país tenía un serio problema cuasi fiscal (intereses pagados por el BCRA) porque la autoridad monetaria colocaba Letras del Tesoro que tenía por financiamiento del déficit y retribuía encajes muy altos en los depósitos con tasas altísimas». Agregó: «Mi propuesta era realizar un fuerte ajuste fiscal y me oponía a la idea de la reprogramación de depósitos».
Para González Fraga, el Plan Bonex fue «un tremendo shock deflacionario que paralizó la economía, ya que los Bonex cotizaban al 30%, por lo que el público perdió el 70% de sus ahorros y de su liquidez. Y entonces empezaron a introducir excepciones, que provocaron un rebote inflacionario, además de arbitrariedades y corrupción».
Con un escenario de similares características, hoy el BCRA acumula Lelics por emisión de intereses de Pases. Las Lelics son el principal factor expansivo de la base monetaria en 2022, alcanzando los $3,4 billones durante 2022 (4% del PBI), con un crecimiento importante respecto al porcentaje del 2021 cuando llegó a 2,9% del PBI.
Es en este escenario que Sergio Massa ordena el rescate de bonos del tesoro por mil millones de dólares, a vencer en 2030. Ante el rumor y las sostenidas versiones de corrupción, ordena una profunda investigación. Tengamos presente lo que dijo Javier González Fraga de lo acontecido en 1989: «entonces, empezaron a introducir excepciones, que provocaron un rebote inflacionario, además de arbitrariedades y corrupción».
Nada se ha transformado, sólo se repite de manera más grotesca y evidente. La patria financiera vive, y vibra en otro gobierno del PJ.