Si algo no ha cambiado en la provincia de Buenos Aires es la dinámica de poder enquistada en la administración, que sigue provocando un daño inconmensurable a quienes viven en el territorio. Once denuncias ha impulsado SUPTIOMA —el gremio que nuclea a los supervisores de la obra social de la provincia— sobre el desfalco a IOMA. Hubo una expoliación millonaria al Ministerio de Educación, que salió a luz por una casualidad y no como fruto de los controles. Ahora, en este momento, las victimas de San Miguel exponen con brutalidad que los cambios que se debían impulsar quedaron para otro momento, y que se cobran su precio en sangre.
Lejos de la CORREPI, de la madre fundadora Nora Cortiñas, de los grupúsculos de izquierda y su alboroto mediático consentido amablemente por los corresponsales de la TV metropolitana, lo ocurrido, un crimen sangriento e innecesario, expone que cuando las políticas son cosméticas y no de fondo, cuando el compromiso es un acting estudiado y no se lleva a acciones ciertas, en algún momento y de algún modo la realidad estalla en sangre cobrando el tributo a las mentiras y los engaños.
De inicio estaba claro que las decisiones de María Eugenia Vidal en materia de acción política bajo la promesa vacía del cambio no eran ni apropiadas ni estaban destinadas a alterar en profundidad el statu quo. Entre ellas, la designación de Christian Ritondo como ministro de Seguridad, quien transformó el REBA provincial en una caja política escandalosa dirigida por un pariente suyo, Martin Diago, a cuyo nombre funcionarios del área apretaron a comerciantes de Mar del Plata en el verano de 2017, obteniendo un suculento botín.
Es obvio que pretender que María Eugenia Vidal sea la responsable del horrendo crimen de Monte es un truco macabro de la política. Más lo es el pedido de juicio político a la ministro Patricia Bullrich impulsado por Leopoldo Moreau, Agustín Rossi, Mónica Macha, Gabriela Cerruti, Daniel Filmus, José Luis Gioja y Roberto Tailhade. Bullrich no tiene competencia en seguridad en Monte y la presentación sólo se explica por el pacto de silencio que Unidad Ciudadana tiene con Vidal. Ninguno de los firmantes de este insólito requerimiento ignora que la competencia es provincial, y que el directo responsable político de la fuerza es Ritondo.
Al primer jefe policial nombrado por Ritondo, Pablo Bressi, Vidal lo sostuvo en su enfrentamiento con el comisario general Marcelo Di Pascua. La confianza ciega de Vidal la llevó a sostener públicamente las falsas acusaciones de Bressi hacia la persona de Di Pasqua, con el cual mantenía una profunda enemistad por interferencias jurisdiccionales de antigua data.
Es un dato que los policías participes de este horrible crimen están detenidos, los que contribuyeron al ocultamiento del hecho están detenidos también, y todos están imputados. Lo que vendrá ahora será el proceso hasta el juicio y los interrogantes de por qué tremenda actitud que llevó a este trágico fin. No es un dato que se pueda obviar que al momento de publicar estas líneas la gobernadora María Eugenia Vidal no se ha expresado públicamente asumiendo la responsabilidad política que le cabe.