La habilitación al debate del aborto lanzada por el Gobierno nacional sorprendió a propios y extraños. Tanto que aún hoy, la gobernadora María Eugenia Vidal no se ha pronunciado sobre las expresiones del arzobispo Héctor Aguer, quien no tuvo reparos en descalificar sin eufemismos al Presidente de la nación, diciendo de él que “ni sabe hacerse la señal de la cruz”, y de esta gestión que es “un gobierno sin principios de orden moral o natural”. A ello se suman las denuncias de curas villeros por lo que definen como pérdida significativa de trabajos en las barriadas más pobres.
El Gobierno decidió responder a todas estas aseveraciones a través del jefe de Gabinete Marcos Peña, quien sostuvo en el Congreso que los obispos les significan a los argentinos, católicos o no, ciento cincuenta millones de pesos por año fiscal. La revelación de Peña llegaba a los oídos de la sociedad en las mismas horas en que Gustavo Vera hacía entrega a Pablo Moyano de camisetas “bendecidas” por el papa Francisco.
La declaración de Peña llevó a la izquierda a actuar ritualmente. Myriam Bregman y Nicolás del Caño salieron a exigir que por ley, el trasiego de dinero público del Estado a la Curia cese, y Elisa Carrió recordó que ya había reclamado que se actúe para separar Estado e Iglesia. Hay quienes señalan que el monto de referencia no es un dato de magnitud frente a los recursos que se destinan a organizaciones piqueteras, unos 3 mil millones por año de modo directo, aunque la cuenta detallada podría llegar a 5 mil millones, sin incluir el costo operativo del Estado para ordenar del mejor modo posible este flujo de recursos.
Obvio es que el impacto de lo evidenciado es superior a la suma. Y por cierto abre el debate que, sumado al de la legalización del aborto, coloca a la Iglesia católica en un particular desafío. En ese desafío y como un gesto político destinado a descomprimir, Jorge Bergoglio envió desde su papado una carta de disculpa a los argentinos. Publicada por la Conferencia Episcopal Argentina, en el texto de cinco párrafos, el Papa pide perdón a quienes puedan sentirse ofendidos por alguno de sus gestos, y remarca su pertenencia al país: “Ustedes son mi pueblo, el pueblo que me ha formado, me ha preparado y me ha ofrecido al servicio de las personas”. Un mensaje político en una coyuntura que debiera ser expresión de reflexión hacia el interior de quienes plantados como voces del papado, hacen de la descalificación grosera a la Presidencia de la Nación un ejercicio casi cotidiano.
Críticos del Papa señalan que el pedido de perdón debe ser especifico por actos y ofensa ciertas. Pero no hay tal cosa, es sólo un gesto político. La lectura del Papado es la de que el Gobierno marcó un escenario en el que el cambio de agenda ya es un hecho, y es una agenda que incomoda a la Iglesia católica y la deja expuesta de un modo que se le hace difícil atacar a la administración nacional como lo ha hecho sistemáticamente desde que fue elegida por la mayoría de la sociedad. Oponerse del modo en que nada solapadamente ocurre parece haber llegado a un punto de inflexión, expuesto en los cinco párrafos del escueto de pedido de perdón papal.