Una vez más, al amparo de la política y de un poder judicial cooptado por el castro chavismo, la ocupación de tierras se convierte en un drama que atrapa al vecino del común en una violencia brutal que lo despoja, sin dar amparo ni lugar a derecho.
Nada ocurre sin un mensaje del poder. Fernando Navarro (a) “el chino” y Emilio Pérsico, líderes del Movimiento Evita, han sido acusados por el ministro de Seguridad bonaerense de estar detrás de la toma de tierras, un tema que está absolutamente fuera de control. Pero, no hay nada nuevo bajo este triste sol: en 2015, Claudia Cima, concejal de Villa Gesell, denunció ante la justicia un manual que atribuyó a La Cámpora en donde se daban instrucciones para ocupar propiedades.
Es un dato obvio que el fondo de la cuestión es la connivencia que padece el servicio de justicia, que niega sistemáticamente las denuncias. Cerca de Gesell, el intendente de Pinamar, Martin Yeza, hizo una denuncia y un pedido de destitución contra el fiscal Eduardo Elizárraga por mal desempeño de sus funciones.
Los intercambios entre funcionarios y políticos del propio gobierno no cambian la matriz del problema. El estado criminaliza a quienes no se apegan a la cuarentena, secuestra vehículos, incoa causas penales, pero mira para otro lado ante delitos flagrantes. El propio presidente justificó el accionar criminal de estas personas, señalando que “a veces no tienen otra opción”. Es un discurso habitual entre los dirigentes del Frente de Todos, justificador continuo del crimen y de la vileza del delito.
En el texto denunciado por la dirigente de Villa Gesell en 2015, se puede leer: “Las leyes y la Justicia deben vivir juntas…Pero puede haber leyes que no se lleven bien con la Justicia. Cuando nos vemos obligados a ocupar un terreno o un inmueble abandonado, puede ser que estemos frente a un hecho ilegal, pero en la medida que surge de la necesidad, y que tiene como objetivo satisfacerla necesidad básica, es también un hecho legítimo”.
Claramente hay una intención de agitar el odio a los sectores medios, a quienes con trabajo y esfuerzo lograron hacerse de un patrimonio en una economía feroz, que no da tregua.
Lejos del intercambio de dichos entre Sabrina Frederick y Sergio Berni, lo cierto es que hay un escenario cultural gramsciano que busca cambiar la sociedad de raíz. No hay nada nuevo, sólo se ha tornado evidente hasta para los más distraídos. El objetivo buscado es una sociedad como la cubana, o la norcoreana. Una nomenclatura que todo lo dirige, y todo lo decide.
Hay una reacción muy fuerte de la sociedad civil, acosada por estos actores que cuentan con cobertura política y con medios económicos provistos abundantemente por el Estado. Tal como señala Miguel Pichetto, es una ideología pobrista inspirada en la historia jesuítica que ve a los pobres como los que merecerán el cielo. En nombre de ellos, se trasiegan millones en negocios perversos que emplean como mano de obra barata a aquellos que previamente han sumido en la miseria, y la pobreza.