Es un hecho que la construcción de imágenes es un instrumento poderoso en el mundo contemporáneo. La construcción de una imagen lleva tiempo, paciencia y conocimiento de métodos de manipulación de masas. La instalación de una figura pública es un ejercicio sistémico: se debe tener el personaje, la causa y la impronta adecuada. El ex juez español Baltasar Garzón es un sujeto que cumple con todas esas características.
Estas características dieron a Baltazar Garzón un espacio de poder notable frente a la ETA, el proceso a Pinochet, y su decidida acción en favor de encarar temas pendientes en materia de violación de derechos humanos. Ese conjunto de actuaciones y estrategias lo instalaron en el imaginario popular como un personaje incorruptible. Sin embargo, tiende a pasarse por alto, en beneficio de esa idea instalada, que Garzón fue expulsado de la judicatura española por prevaricato.
¿Es ignorancia o colonialismo mental y político que la concejal Verónica Beresiarte y la diputada Adela Segarra hayan impulsado que se le distinga como”visitante ilustre”, en un acto que contó con la presencia de los jueces Mario Portela y Roberto Falcone, la propia diputada Segarra (FPV), el secretario de Gobierno Ariel Ciano, y el director municipal de Derechos Humanos, José Luis Zerillo?
Recordemos: Baltasar Garzón fue oficialmente expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas telefónicas ilegales a los jefes de una sonada red de corrupción y a sus abogados.
La decisión fue adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español, en la que Garzón fue hallado culpable por los delitos de prevaricación y violar las garantías constitucionales. Se espera además que se defina otra causa en la que en la que enfrenta un pedido de hasta 20 años de inhabilitación, mientras la tercera investigación en su contra fue archivada recientemente por prescripción del presunto delito de cohecho que se le imputaba por haber recibido financiación de bancos y empresas españolas en 2005 y 2006 para dictar unos cursos en Nueva York.
No obstante, Garzón exhibe aspectos aún más cuestionables que los que lo llevaron a su inhabilitación. Según publica rebelión.org, en 1998, el Ministerio de Defensa español remitió a su juzgado, en el marco de la causa por los vuelos de la muerte, un listado parcial de altos oficiales españoles entrenados por la dictadura. En la lista remitida por el Ministerio a Garzón, se señala que en 1979 -en plena dictadura- los coroneles Isidoro Calderón Portilla y Francisco Acin Gallego fueron parte de los cursos de la Escuela de Inteligencia argentina. A su vez, Rafael Sáinz Torres lo hizo en la Escuela de Guerra. En 1980, el coronel Juan Meléndez Jiménez realizó un curso en Inteligencia; en 1981, los coroneles Enrique Gómez Rueda y Joaquín Rodríguez Solano también estuvieron en la Escuela de Inteligencia, mientras que el coronel Amadeo Martínez Inglés estuvo en la de Guerra, y en 1982, el coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar realizó un curso en la Escuela de Inteligencia. También estuvieron en Buenos Aires el general de división José Villaroya Chueca y el teniente coronel Julián Soutuelo Pérez, ambos en actividad cuando el Ministerio de Defensa remitió los datos a Garzón. Todos estos militares compartieron información con sus pares argentinos, que para ese entonces -período 1979-1982- llevaban ya la última fase de la política de noche y niebla del proceso militar.
Garzón, con todos estos datos en su poder, nunca citó a estos militares informados por Defensa ni siquiera como testigos, generando así una fisura importante en la investigación, ya que varios de los “visitantes uniformados”, sino todos, pudieron aportar datos de importancia para desentrañar muchos de los crímenes cometidos, y de los que fueron cómplices.
Demasiada cuenta pendiente, demasiado pasado entre comillas para merecer una distinción tan publicitada y expuesta como ejemplar.