Estadísticas recientes ubican la pobreza real en nuestro país en el orden de 2,2 millones de chicos que conocieron el hambre en 2013. A pesar de contar con diferentes enfoques y aproximaciones metodológicas, tanto la Universidad Católica Argentina (UCA) como el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) -que coordinan Claudio Lozano y Tomás Raffo con el asesoramiento y el trabajo de técnicos desplazados del Indec- reflejan cifras que se aproximan.
Los trabajos de marras dicen que la inseguridad alimentaria, si bien tuvo un leve avance en los últimos tres años, alcanzó a fines de 2013 el 18% del total de chicos de 0 a 17 años. Esto se traduce en 2,2 millones de niños y jóvenes. Para el IPyPP, en cambio, la indigencia alcanza a 19,9% de chicos entre 0 y 18 años, esto es, 2,7 millones de chicos.
Esto acontece bajo una administración que recauda como nunca antes y con una caída impactante de la deuda externa pública, considerada, en treinta años de democracia, como la carga que más condicionaba la salida de millones de argentinos de la pobreza.
Es que no es un problema de recursos; porque los hay, y de manera importante. El problema central es la apropiación de la renta pública por parte de quienes manejan el Estado. La corrupción, en todas sus formas, busca precisamente eso, la apropiación de la renta. Por ello comienzan a oírse voces que colocan estas cuestiones en el centro de la escena.
Elisa Carrió -una de ellas- presentará un paquete de leyes anticorrupción, en las que se pide aumentar penas para funcionarios públicos. La iniciativa también golpeará puntos neurálgicos, ya que propone la creación de comisiones especiales investigadoras sobre recursos naturales, deuda externa, juego, obras públicas y libertad de expresión. “La corrupción es un típico delito del Poder. A diferencia de las leyes Blumberg, que criminalizaban delitos de la pobreza con la equivocada finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, en este proyecto se está buscando castigar legalmente delitos del poder que hoy carecen de pena real en la Argentina”, afirma el proyecto que Lilita firmó junto a Juan Carlos Vega.
Sergio Massa también trabaja sobre iniciativas de transparencia. Liderado por el diputado Adrián Pérez (ex Coalición Cívica), el sector impulsa un proyecto para hacer más riguroso el control de las declaraciones juradas de los funcionarios, desde que ingresan hasta que abandonan su cargo. Incluye ocho tópicos: 1) Aumento de penas. El primer proyecto eleva los mínimos y los máximos de las penas para delitos contra la administración pública, para que ninguno sea excarcelable. También agrava las penas en virtud del rango del funcionario y cuando el delito afecte la prestación de servicios públicos y programas de asistencia social. Incluye, por último, la posibilidad de aplicar sanciones a personas jurídicas involucradas en delitos. 2) Imprescriptibilidad. Plantea que se siga la misma regla que hoy se aplica a los delitos de lesa humanidad. “Que la Justicia pueda perseguir a un sospechoso de corrupción hasta el día en que se muera”. 3) Recuperación de activos. Este proyecto se acopla con otro que no escapa a la polémica: la posibilidad de decomisar los bienes que un funcionario no pueda justificar antes de que se dicte su condena. “Los juicios duran tantos años que los bienes desaparecen”, justificó Pérez. 4) Declaraciones juradas. En el marco de la “democratización de la Justicia”, el Gobierno modificó el régimen de declaraciones juradas a un formato mínimo, con escasa información, que dificulta el seguimiento del patrimonio de los funcionarios. Reformar la ley de ética pública para profundizar el control administrativo y judicial de los funcionarios de los tres poderes. 5) Órganos de control. Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera y a la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación (AGN y Sigen). “Hoy están tomados por los amigos del Gobierno. Proponemos que sus funcionarios sean elegidos en audiencias públicas y que estos órganos puedan ser querellantes ante la Justicia, para impulsar y seguir las causas”. 6) Gobierno abierto. Acordar con partidos políticos y organizaciones civiles un sistema de gobierno abierto, que, entre otros puntos, permita el acceso ciudadano al sistema de expedientes de los tres poderes del Estado (compras, contratos, licitaciones, etc). La iniciativa fue elaborada junto a Álvaro Herrero, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). El equipo también trabaja en un proyecto de ley de cabildeo. 7) Agilización de causas. Reforma procesal penal a nivel federal para migrar hacia un sistema acusatorio, con oralidad y publicidad como ejes del proceso y donde los fiscales impulsen la acción penal. También, la creación de un observatorio para los casos de corrupción paradigmáticos. “La estadística indica que las investigaciones por corrupción duran en promedio 15 años y rara vez llegan a juicio oral”, indicó Pérez. 8) Consejo de la Magistratura. Volver a la conformación del Consejo previa a la reforma de 2006, además de un acuerdo para agilizar los concursos y reducir las subrogancias. También proponen la designación “ficta”, para que la terna del Consejo de la Magistratura se eleve automáticamente al Senado cuando el Poder Ejecutivo demore más de 45 días en hacerlo.
De concretarse, estos temas marcarán un cambio copernicano en la actitud y conciencia en la sociedad argentina.
