Los hechos que llevaron a la muerte de dos hombres jóvenes en Quilmes y Mar del Plata fueron un dato sobresaliente de la crónica policial reciente en el país. Revelan que, ante la inacción e ineficiencia del Estado en todos sus órdenes, el hastío lleva a reacciones extremas.
Se podrá discutir los pormenores de cada caso. Se podrá argüir qué se debió hacer y qué no. Lo que ya no debería ser motivo de debate es que la actual situación es responsabilidad de un conjunto de decisiones por parte del Estado en materia judicial que tienen claras motivaciones políticas. Y no es sólo cuestión de la mirada contemplativa al respecto del crimen, al cual el castro-chavismo ideológico de este país considera una herramienta más en el proceso de redistribución de la renta.
Hay un conjunto de realidades que se conjugan para armar este combo delictual que no parece tener fin. En ambos casos, los jóvenes caídos bajo el disparo de aquellos que sintieron su vida en peligro por su accionar estaban vinculados a los grupos conocidos como «barras bravas».
Franco Moreyra pertenecía a la barra brava de «La Vera», una agrupación interna del Club Quilmes de la misma localidad, vinculados políticamente a Aníbal Fernández y a Jorge Gutiérrez, el ex intendente. Un prontuario interminable y una libertad que sólo se explica por las relaciones con el poder. Nahuel Lucas Jerez murió en Mar del Plata y estaba vinculado a la barra de Aldosivi. Hay en estos casos asimetrías, pero las coincidencias son el fruto de un sistema que apaña el delito, provee drogas, y tolera el accionar delictual. Es una constante de un Estado que se proclama presente pero no actúa en consecuencia.
No sólo es delito: recientemente, en la línea que divide Santiago del Estero con Tucumán, se apilaban por kilómetros camiones de transporte. En los testimonios recogidos por la colega Mariana Romero durante su cobertura en vivo de la situación, los choferes denunciaron que hacía 20 horas que estaban allí, sin poder hacer sus necesidades, pasando hambre y frío. En un momento determinado, rompieron el punto de control y se lanzaron a pasar entre bocinazos, para ser detenidos a 17 kilómetros, en otro puesto de control.
Según reveló Romero, el sistema de salud de la provincia de Tucumán no enviaba los test que demoran 15 minutos cada uno en dar respuesta. Había sólo 5 policías y pocos funcionarios de salud para una ventana de tiempo que se cierra a las 23, momento desde el cual ya no se puede circular por las rutas de la provincia. Obvio que tampoco se advirtió allí la presencia del Sindicato de Camioneros, que no se inmuta ante la situación que atraviesan los choferes, en muchos casos usando pañales de adulto ante las condiciones tremendas e inhumanas que tienen que soportar para hacer su trabajo.
Hay muchas formas de violencia, y la gente está cansada.