Es un dato de la realidad que la política energética del gobierno anterior fue diseñada para generar dividendos por fuera del interés nacional. No ha sido, como se ha dado en decir, que equivocaron las decisiones, sino que las decisiones fueron tomadas para generar la importación de combustibles con sobreprecios estimados entre un 30 y un 50% sobre los valores normales de mercado, o el alquiler de equipos de generación a precios escandalosos.
Es obvio que hay que salir de esa ecuación perversa que castiga a todos y beneficia a unos pocos. El déficit fiscal, el cepo, son el fruto de estas políticas, que colocaron la importación de combustibles en el punto más alto de la pirámide del presupuesto del Estado nacional.
Es lógico, tanto política como ideológicamente, que la sociedad pague por los servicios lo que valen. Y aquí es precisamente donde se impone el interrogante del millón: ¿cuánto valen los servicios antes de los impuestos que se les cargan? Y, además, ¿cuánto es la carga lógica de impuestos sobre un servicio básico? Ninguna de estas preguntas ha sido contestada por las actuales autoridades, ni técnica ni políticamente. La respuesta del ministro Juan José Aranguren a un grupo de intendentes del Conurbano que buscaban estas repuestas fue, según un actor de dicha reunión: “yo tengo un Excel con el cuadro tarifario que me dan los técnicos, y me tengo que atener a ello”. Eso no es siquiera una respuesta: es un modo elegante de intentar justificar las decisiones que han colocado al Gobierno en el plano de enfrentar cuestionamientos judiciales y políticos, y un malestar social que bien hubiera podido evitarse.
Luego de la reunión de los ministros de Interior y Energía con los gobernadores patagónicos, llegó el diktat que limitó los aumentos a porcentajes del 400% para hogares, y 500% para comercio e industria. Luego de las decisiones políticas, las decisiones judiciales diversas y cruces en todo ámbito, nadie acierta a saber aún cuánto se deberá abonar, a las puertas de un invierno que ya se anuncia como muy intenso, dominado por temperaturas bajas anticipadas en fecha, que por supuesto agigantan el problema.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Elizabet Fernández rifaron el autoabastecimiento energético en aras de negociados tremendos. Hoy, curiosamente, legisladores kirchneristas se lanzan con denuncias sobre los actuales funcionarios por compras de gas a Chile, que llega por los mismos ductos que nuestro país enviaba gas a Chile en la década del noventa. La ruptura de la política energética, al reducir el precio del gas y petróleo en boca de pozo, llevó a las masivas compras de energía y a subsidiar a sectores medios y altos, los cuales han pagado cifras ínfimas y ridículas por la energía consumida.
Que se denuncie, como se ha hecho con Aranguren, no debe ofender a nadie, pero que se haya rifado la política energética para llenar los bolsillos de unos pocos, debería ser considerado traición a la Patria.