El escándalo que sacude a la sociedad argentina por la detención en Paraguay del senador por el PJ, Eduardo Kuider, trae ante la mirada pública una vez más el feroz latrocinio al que está sometida nuestra sociedad. No es cierto que no hay plata en Argentina: plata hay, pero se la roban a espuertas.
Cristina Fernández viuda de Kirchner, con doble conforme en la causa Vialidad y a la espera de otros dos juicios en su contra, busca denodadamente encajar al senador entrerriano en el bolsillo del gobierno y, a su estilo, no se priva de nada, con absoluta hipocresía y cinismo.
Ha sido la jueza federal Sandra Arroyo Salgado quien puso las íes en su lugar al señalar, en distintas entrevistas, que fue ella quien «imputa a Edgardo Kueider, actual Senador Nacional, la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos».
Claramente este pájaro de cuenta ya venía saqueando la hacienda pública desde hace largo tiempo. La causa arrancó hace meses, cuando los nuevos dueños de la firma de seguridad privada Securitas se hicieron cargo de la compañía e impulsaron una auditoría interna que arrojó un circuito de coimas que se pagaron —entre 2013 y 2018—, a diferentes organismos públicos como empresas. Esos pagos —que según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ascendieron a 7,6 millones de dólares— eran para garantizarse contratos y saldar deudas por servicios pasados.
Según la magistrada, hay 500 medidas de prueba en curso y se procesó a 19 personas. El extenso listado incluye a ex ejecutivos de la firma, como también autoridades de la compañía de Energía de Entre Ríos, entre otros. Las acusaciones fueron confirmadas por la Cámara de San Martín, y en la resolución de 110 páginas se señala: «Las constancias recopiladas demuestran una directa ligazón de los imputados a la estructura asociativa descripta, interactuando con distintos miembros en la coordinación e implementación de los designios criminales».
Bajo estudio se encontraba una estructura de millonarias coimas que tuvo un expediente secundario donde la fiscalía a cargo de Domínguez, puso la lupa sobre maniobras que involucraban a dos empresarios Claudio y Marcelo Tortul que se dedican —entre otras cosas—, al rubro de la construcción, pero en el expediente central se determinó el rol de ellos vinculados al pago de coimas.
Es un tema a debatir el por qué y debido a qué fue registrado el baúl del auto de Kruider y su acompañante. Las hipótesis están al orden del día. La locura es tan grande, que Cristina —doblemente condenada— quiere expulsar al senador por inhabilidad moral. Jony Viale pretendió atribuirle estas acciones a Mauricio Macri. Los hechos lo dicen todo: Edgardo Kruider es un delincuente y debe quedar preso.