Es un gran interrogante de la condición humana el por qué hay sectores que no condenan los actos de quienes proceden de modo incorrecto o fraudulento. No es una característica de la cultura argentina, sino que se trata de una conducta universal.
Tuvo que sobrevenir la guerra de la invasión a Ucrania para que finalmente se lanzaran acciones punitivas sobre los mal llamados «oligarcas» rusos. Caído el impero soviético, las empresas del estado comunista pasaron, sin más, a manos de los ex jerarcas del soviet durante los años de Mijaíl Gorbachov.
En su mayoría, se los conoce por su brutal opulencia. La guerra contra Ucrania le ha dado la posibilidad a occidente de reaccionar y congelar o expropiar cientos de millones de activos en euros y dólares, así como empresas, luego de décadas de mirar para otro lado.
En Argentina, el latrocinio generado durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Elisabeth Fernández es ignorado olímpicamente por un amplio sector de la sociedad, pese a los elementos fácticos que están a la vista de dicha conducta oligárquica.
En ese sentido, el caso más reciente lo reveló Infobae. Según cita el medio de Daniel Hadad, en los viajes presidenciales al exterior correspondientes al período 2013-2015, se falsificaron gastos por US$ 2 millones. Los ahora imputados y embargados pertenecían y pertenecen al staff directo de la vicepresidenta de la nación.
La causa —iniciada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri—, había sido literalmente desestimada por el ex juez Canicoba Corral. Apeladas las decisiones de este ex magistrado, el juez que interviene hoy, Daniel Raffecas, resolvió : «Se encuentra semi plenamente probado en estos autos que los imputados Nelson Alberto Periotti y Gustavo Oscar Navarro, quienes desde 2013 a 2015 revistieran como Director y Subdirector de la Dirección General de Ceremonial, dependiente de la Subsecretaría General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de común acuerdo y en permanente reparto de tareas contando con la complicidad necesaria de su dependiente directo, Atilio Héctor López, montaron un esquema delictivo que les permitió desviar en provecho propio caudales públicos por un valor equivalente a unos dos millones de dólares (U$S 2.017.389), provenientes de fondos del presupuesto general de la Secretaría General de Presidencia, entregados en calidad de ‘gastos eventuales’ a los encartados a través de la Tesorería de dicha dependencia, en oportunidad de disponerse viajes al exterior con motivo de traslados de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su comitiva, a raíz de reuniones bilaterales con otros jefes de Estado o bien para asistir a encuentros multilaterales tanto regionales como mundiales». La resolución esta apelada a Cámara y data del mes de septiembre.
Un corto hilo que une a la vicepresidenta y un staff tan cercano, que los principales imputados aún prestan servicios en el Senado de la Nación bajo las ordenes de Cristina Elisabeth Fernández.