Todo está en duda

La presentación que realizó la jueza Sandra Arroyo Salgado rodeada por los expertos por ella designados trajo a la luz un conjunto de determinaciones que han colocado a los peritajes oficiales en un punto de contradicción tal, que ciertamente llevan a coincidir con la fiscal Viviana Fein en el sentido de que jamás se ha visto tanta discrepancia entre una tarea pericial y otra.

Arroyo Salgado, al tiempo que clama por respeto a la tarea del Poder Judicial, interviene de manera sin precendentes en la procuración de la causa por la muerte de su ex esposo y padre de sus hijas. Su última petición, aceptada por la jueza Fabiana Palmaghini, impide revisar los celulares y computadoras de Alberto Nisman: arguyó que es para resguardar la intimidad de sus hijas. Palmaghini accedió a entregar a Arroyo Salgado teléfonos y computadoras el mismo día en que se conoció que la computadora de Nisman había sido utilizada en la mañana del domingo en que se lo halló muerto, más precisamente nueve horas después de la hora de fallecimiento establecida por los peritos de parte. Es obvio que la prueba que pudiera obtenerse de los aparatos tecnológicos de Nisman ya no es de relevancia para la causa, y esto tiende a complejizar cada día más lo que pueda ocurrir en torno a la búsqueda de la verdad con relación a su muerte.
La causa está en rumbo de colisión entre poderes: el de Arroyo Salgado, mimada del Gobierno por su actuación en la causa en que se buscaba demostrar que Ernestina Herrera de Noble se había apropiado de hijos de detenidos desparecidos, y Cristina Fernández, quien teme que la causa Nisman pueda caer sobre sus hombros así como la causa Cabezas cayó sobre Alfredo Yabrán.
La verdad en este caso huye raudamente de escena, asesinada por los intereses encontrados de los actores políticos y judiciales, en un contexto de tensión social feroz en el que nadie está dispuesto a ceder nada. La jueza Fabiana Palmaghini cedió, una vez más, a los pedidos de Arroyo Salgado, no sin antes advertirle sobre las contradicciones de su accionar. Palmaghini debe controlar y procurar una causa en la que quien representa a las hijas de la víctima, madre de las mismas y jueza del fuero federal, ya proveyó sentencia pública: “Nisman no se  accidentó ni se suicidó; lo mataron”. A partir de esa sentencia pública, apoyada por expertos legistas que todos los medios citan como excelsos, ¿cómo se podrá avanzar siquiera en tono de hipótesis en otro escenario que no sea el del crimen y la búsqueda del autor y responsable? Es casi imposible.
Obvio que ello lleva directamente al Gobierno nacional y a los actores del mismo. Y en este sentido, las escuchas desechadas por el juez Daniel Rafecas dejan día tras día al Gobierno más expuesto en su relación con Irán. Oír a Jorge Khalil (a) “Yussef” señalar “ingreso a Olivos y converso personalmente con Cristina, hasta puedo designar gente en embajadas, vivo un sueño” es por cierto fuerte y delicado institucionalmente, más allá de los motivos, ciertos o no, para provocar  la muerte del fiscal Alberto Nisman.