Las detenciones del exvicepresidente Amado Boudou y su socio y amigo, José María Núñez Carmona, marcan un precedente crucial para el análisis del pasado reciente y el accionar del sistema judicial.
La decisión de Ariel Lijo, juez de la causa, está fundada en un marco legal por cierto cambiante que hoy determina detenciones antes inimaginables. Un reciente fallo de la Cámara Federal estableció “nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales”. Es el fallo de la Sala II, que sostuvo que no basta analizar el “arraigo” o “la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal” para determinar si pueden seguir el proceso en libertad, sino que resulta “especialmente relevante” determinar si existen datos que permitan “razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal”. No cambió la ley sino la interpretación de la misma, que llegó con el cambio gubernamental y se aplica a partir de los resultados electorales recientes.
Claramente, el animal político de más fino olfato en la Argentina, la justicia, se alinea con el momento político que se vive y el humor social imperante. No es cuestión de tener piedad por Boudou y su penoso momento en pijamas, descalzo, en ocasión de ser detenido en su casa. Se trata más bien del comportamiento de un Poder Judicial que registra los peores datos de rechazo social, incluso por debajo de los del que se tienen por el sindicalismo.
La detención de un exvicepresidente no es motivo de algarabía; es nota de tristeza, de interrogante de cómo se forman los conceptos que llevan a elegir a determinadas personas. No obstante, el verdadero tema es la responsabilidad de los medios en dar luz a la trama oscura de la justicia federal, que en el afán de cubrir las huellas de su negligencia, indolencia y antiguos acuerdos implícitos, toma prisioneros en un acting bochornoso e innecesario.
Amado Boudou está sometido a varios procesos que deben ser llevados a juicio, probadas debidamente las culpas que se le cargan procesalmente. Hasta tanto estas situaciones se concreten judicialmente, pese a quien le pese y disguste a quien disguste, es inocente. La ley no es para quien resulte simpático, o antipático, es para todos en un mismo plano legal y procesal, tal como señala la Constitución nacional. Todo lo demás es preocupante, ya que la arbitrariedad de hoy sobre algunos, puede ser la de mañana sobre otros, o sobre todos. Y ahí no habrá nada que festejar.