Se podrá debatir ad infinitum, se podrá consentir o disentir sobre el impacto de las drogas en la vida de las personas, pero lo que no puede ya ignorarse es el poder que las organizaciones del narcotráfico han adquirido en la sociedad argentina.
Un informe realizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial sostiene que en los últimos ocho años, desde que la provincia de Buenos Aires adhirió al régimen de desfederalización y comenzó a intervenir en casos de comercialización de estupefacientes, la cantidad de causas abiertas por venta de drogas se duplicó en territorio bonaerense.
Según el registro del Ministerio Público provincial, “en 2013 se secuestraron en territorio bonaerense, sólo si se tienen en cuenta casos de venta al menudeo, cerca de 4200 kilos de drogas, entre marihuana y cocaína”.
El informe de la Procuración señala que en lo que va del año ya se iniciaron más de 4000 causas, de las cuales el 55% están vinculadas con la comercialización de estupefacientes. En tal sentido, se aclaró que en la ley vigente (N° 23.737), la competencia está limitada a los “casos de comercio, tenencia con fines de comercialización, entrega, suministro o facilitación de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.
Buenos Aires fue la primera provincia en adherir a la desfederalización a fines de 2005. En la órbita de la Procuración existen hoy 26 fiscalías (UFI) temáticas distribuidas en todos los departamentos judiciales, exclusivamente abocadas al tema drogas, integradas por equipos de instructores especialmente capacitados.
Esos funcionarios judiciales, que están obligados a concurrir a todos los allanamientos dispuestos por los jueces de garantías, también “coordinan su tarea con las fuerzas de seguridad y otras instituciones de la comunidad y organizaciones sociales para conocer los problemas puntuales y descubrir los sitios donde se vende o suministra drogas”. La cita pertenece a la procuradora María del Carmen Falbo: en nada se ajusta a la verdad, y en Mar del Plata es ejemplo meridiano de ello.
En cuanto al poder de la droga, sólo se actúa en la superficie del problema. Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeronáutica lo plantea así: “Lo que distingue al crimen común del organizado es que este último genera una rentabilidad tal que debe ser canalizada hacia la economía formal. En Rosario hay cuatro o cinco referentes del narcotráfico que manejan agencias de autos, que atesoran inversiones inmobiliarias, que han contratado buenos contadores, abogados y asesores financieros para canalizar estos recursos. El sector inmobiliario a partir de los fondos fiduciarios permite esto con toda facilidad”. Para agregar que: “Si yo vendo diez kilos de cocaína por semana y tengo una rentabilidad mensual de 500 mil pesos, puedo vivir con 100 mil y me quedan 400 mil para colocar. Esto me convierte en un empresario de 10 a 15 millones de pesos en dos años. Acá hay un capitalismo con enorme disposición a los negocios marginales, que no produce frenos inhibitorios ni culturales. Esto permite que personas respetables del sector inmobiliario, financiero y de servicios reciban flujos monetarios de la droga”.
El planteo de Saín y los datos revelados por Falbo al diario La Nación revelan que la droga ha penetrado hasta el hueso en la vida de los argentinos. Ya no es una cuestión ideológica simplemente, sino de quién detenta el poder.