La UCR y Franja Morada vuelven a buscar impunidad en su gestión.
Corría el año 1999. El gobierno de Fernando de la Rúa, nacido de una alianza coyuntural con sectores de la izquierda peronista, atravesaba momentos complejos, fruto de las pujas internas de la gestión, en principio, dentro de la propia UCR, y también por las diferencias con los sectores populistas que impulsaban un cambio de rumbo que diera fin a la convertibilidad.
René Favaloro —prócer argentino— se cargó, sin ser parte del gobierno, la necesidad de dar explicaciones públicas, poniendo sobre la mesa la necesidad de darle orden a los presupuestos universitarios. Señaló: «si en los próximos años se cerrasen las facultades de Derecho o de Medicina, nada alteraría a la sociedad, porque generamos más profesionales de los que se requieren». Esas palabras de Favaloro aparecen en un video que hoy circula muy fuerte, batiendo récords de reproducciones.
En su momento, Ricardo López Murphy —hombre del comité radical— se lanzó a la idea de ordenar el presupuesto nacional y encaró un tímido recorte de las partidas a las universidades, al tiempo que anticipaba el impulso a una reglamentación que permitiera el control del gasto en estas altas casas de estudio.
El tema se convirtió en un escándalo político motorizado por Franja Morada y la izquierda universitaria cuyos tonos y sentencias se parecen mucho a lo que se escucha hoy en nuestro país. Los años que han pasado desde aquel momento —kirchnerato mediante—, sólo han contribuido a aumentar el saqueo de las arcas públicas para engordar así la nomenclatura universitaria.
Hoy, Javier Gerardo Milei mediante, el escenario es otro. Y lo es, porque el presidente le dio a este debate bordes ideológicos a los que nadie se había atrevido, bajando el debate a la calle. Surge por estas horas una línea que devela trazas oscuras en la relación con el kirchnerismo, al que la UCR cuestiona sólo formalmente.
Un informe publicado por Clarín indica que, en 2022, Carlos Zannini produjo —como procurador del tesoro— un dictamen que buscó blindar el gasto universitario del control del Estado, poniendo dicha tarea en la Auditoría General de la Nación (AGN) y no de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un órgano de control del Ejecutivo.
Escapar de los controles es, de por sí, un dato obvio de lo que está ocurriendo a vista de todos: quien busca no ser auditado o controlado, es porque tiene mucho para esconder. En la semana que se inicia, el gobierno ha dispuesto enviar una partida general de $70 mil millones al conjunto de las universidades nacionales para equilibrar así el balance de gastos en relación con la inflación.
La izquierda política embarrada en lo universitario ve en la decisión una debilidad del gobierno y aumenta así su vocinglera prédica, buscando agitar la calle. Una vez más, vemos en la respuesta de los vecinos de a pie que retratan los medios de CABA que la verdadera politología de hoy está en el pensar del ciudadano promedio que lo que reclama es ordenar el gasto y terminar así con la fiesta de unos pocos.