La potencialidad de la energía eólica crece y configura una importante posibilidad económica para nuestro país
Pocas veces la geografía le dio a la Argentina una ventaja tan clara frente a Europa como la que le da el viento patagónico y bonaerense. Y pocas veces, también, la política de fomento dejó tan en evidencia que una ventaja natural no alcanza si el instrumento diseñado para capitalizarla apunta, en los hechos, a otra escala y a otro sector.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado dentro de la Ley Bases de 2024 y prorrogado hasta el 8 de julio de 2027 por el Decreto 105/2026, ofrece a los proyectos que superan los US$ 200 millones beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios sostenidos por 30 años: reducción de la alícuota de Ganancias, exenciones fiscales en las etapas críticas de construcción, amortización acelerada y devolución de IVA. Según el relevamiento oficial más reciente, 20 iniciativas ya comprometieron US$ 57.000 millones y prometen 100.000 empleos directos e indirectos.
Sin embargo, de ese universo, la energía eólica ocupa un lugar apenas testimonial. Solo dos parques figuran hoy bajo el paraguas del RIGI: el Parque Eólico Olavarría, de Petroquímica Comodoro Rivadavia junto con Acindar —US$ 275 millones, 180 MW, financiado en parte con US$ 110 millones de la Corporación Financiera Internacional, con habilitación prevista para diciembre de 2026—, y La Rinconada, de YPF Luz, también en la provincia de Buenos Aires, por US$ 206 millones. Juntos representan menos del 1% de los US$ 57.000 millones comprometidos, una porción mínima frente a los megaproyectos de litio, cobre e hidrocarburos que concentran el grueso de las adhesiones.
Esto se debe a que un parque eólico de escala media —150 a 200 MW— cuesta entre US$ 200 y US$ 300 millones, lo que está apenas por encima del piso de ingreso al régimen, mientras que un proyecto de Vaca Muerta o de litio se mide en miles de millones. Buena parte de la capacidad eólica que hoy opera en el país —Genneia, YPF Luz, AES— se financió con contratos privados del Mercado a Término de Energías Renovables.
En materia de recurso natural, la comparación con Europa favorece de manera contundente a la Argentina. Los parques patagónicos superan el 60% de factor de capacidad y los de la costa bonaerense —Bahía Blanca, Tornquist— rondan el 50%, mientras que en Alemania, el mayor mercado eólico europeo, ese indicador apenas roza el 25%, al punto que un informe de la Fundación Heinrich Böll sostiene que un molino instalado en la Argentina «rinde más del doble que en Alemania».
Sin embargo, Europa —que en 2025 llegó a los 304 GW instalados y sumó 19 GW en un solo año, según WindEurope— construyó algo que a la Argentina todavía le falta: continuidad regulatoria de casi 25 años, una cadena de proveedores propia —España fabrica el 100% de su tecnología eólica y es el cuarto exportador mundial de aerogeneradores— y un desarrollo, aunque trabado, de la eólica marina, prácticamente inexistente en nuestro país. La eólica española, además, ya bajó en 2025 el precio mayorista de la electricidad en 14 euros por MWh —un ahorro de 3.904 millones de euros—, el mismo efecto de mérito de orden que la Argentina recién empieza a insinuar con la baja de precios en las rondas de RenovAr. Sin embargo, Argentina tiene —en los papeles, al menos— más del doble de potencial eólico que el que hoy explota toda Europa junta, es decir, más de 2.000 GW según estimaciones académicas.
La oportunidad está ahí, al alcance de la mano. Solo es necesario implementar políticas similares al RIGI pero adaptadas a la escala de la energía eólica para darle cabida a un futuro que puede ser muy prometedor para nuestro país.