Insalud pública I. Los actores de la política local se tiran unos a otros con las miserias del sistema de salud como si fueran tirios y troyanos. Todos ven la paja en el ojo ajeno y nadie advierte las vigas en los propios. Axel Kicillof se apropió de la recaudación de IOMA y llevó al colapso a la institución que debe velar por la salud de millones de bonaerenses. El Estado, no está. Por otro lado, en el municipio, los CAPS se están cayendo a pedazos y no hay profesionales médicos. El PJ —travestido en Unión por la Patria— pide explicaciones por el estado del IREMI mientras que los rejuntados como pueden —ya que cambios, no hay— piden por la situación en IOMA. Todo cháchara.
Insalud pública II. Este fin de semana en los CAPS, no hay médico durante el día. En el puerto, el médico sólo cubre la guardia nocturna. En Playa Serena, no hay médico los fines de semana, ni siquiera de día. Un dato aún más preocupante, es el estado de las ambulancias del SAME: motores fundidos, falta de mantenimiento y —como saben bien los choferes— vehículos que no pasan la VTV. Por si fuera poco, el año que viene todas las ambulancias quedan fuera de servicio ya que el parque, por ley, no puede tener más de 10 años.
Dicasterio y curro del ENABE. La denuncia del fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Pettigiani por los negocios de Grabois se procurará en Mar del Plata. No es un buen dato que esta causa tan sensible quede en manos de Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti. No obstante, en días más, la denuncia al respecto del manejo de dinero por parte de Juan Grabois para la toma de tierras en El Marquesado ingresará a tribunales, ya sea como una causa aparte o incorporada a esta ya existente. Los datos que maneja este medio, indican que hay envíos por parte del Estado nacional que superan los $1.500 millones. Es como se le escucha decir al titular del dicasterio papal en un video: «cuando hacemos quilombo, es por la plata».
El barco, el chino y la merluza negra. La situación del barco Tai An —de capital chino, pero bajo bandera argentina— debería provocar otros interrogantes. A bordo del pesquero construido en Japón en la década de 1980 y nacionalizado en Argentina, había inspectores embarcados. La historia que se cuenta, es que la situación en realidad se reveló a partir de imágenes publicadas por uno de los tripulantes que alguien vio en línea y notificó a las empresas argentinas nucleadas en CAPECA. Es decir: esto se destapó por imágenes en redes sociales que expusieron lo que pasó con el lance de redes de pesca a la vista y bajo el control de los inspectores. El escándalo en torno de este incidente debería llevar no sólo a la renuncia de funcionarios —que ya las hubo— sino a una profunda revisión de los mecanismos de control.
Admisión y preocupación. En una reciente reunión entre funcionarios municipales y funcionarios de West Lambton, los primeros dejaron en claro que todo lo que falta hacer para que se pueda exportar por el puerto de Mar del Plata es exclusiva competencia del Consorcio Portuario y de la gobernación provincial. Para que quede claro: se lavaron las manos como Pilatos y dejaron este mensaje: «es un tema de Kicillof, hablen con él».