Sobre licencias y truchadas I. En diciembre de 2003, al comienzo de la gestión de Daniel Katz, la conducción de la Dirección General de Transporte y Tránsito cambió. El primer día de la nueva gestión, en Victoriano Montes y Colón, a las 8 de la mañana había ya casi dos cuadras de cola de gente que quería renovar su registro. Antes de abrir la dependencia se realizó una asamblea, convocada por Belmonte, para plantear la preocupación del personal por la posible privatización del servicio. La respuesta fue que todo dependía de la capacidad de respuesta del personal municipal; lo cual era cierto, ya que en los planes de Katz, la privatización no estaba prevista.
Personal de Tránsito de las dependencias de avenida Libertad fue trasladado a Victoriano Montes y Colón para reforzar la atención al público, y poco a poco la situación se fue normalizando, al punto de lograr que cada persona que concurría se llevara en el día su licencia renovada, y los nuevos, como muchos, esperaban dos días, por los exámenes.
Pero Juan Carlos Belmonte no dejaba de ser un problema: venía de una probation por agresiones durante los paros de Aprile, aunque por otro lado tenía el consenso del personal municipal. Con el objeto de apartarlo, las autoridades de la época acordaron con el secretario general del sindicato, Antonio Gilardi, que se lo llevaran al sindicato. En aquel momento hubo varios separados de sus cargos. Juan Carlos Belmonte retornó a esta dependencia en 2008 por un decreto de Gustavo Arnaldo Pulti, quien lo nombró de manera provisoria hasta que se llamara a concurso para el cargo. Se advierte que hasta el presente no han tenido tiempo material de realizar tal acto administrativo.
Licencias y truchadas II. Por estas horas, sumándose al planteo que efectúa el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello, el interventor del área que otorga los registros, Guillermo Iglesias, ha señalado que hay 300 licencias identificadas correspondientes a entregas sin pago de multas correspondientes. Iglesias recomienda a “los 300” que se presenten espontáneamente antes de que los citen de la fiscalía de Lorena Irigoyen. Ahí se resolverá si son imputados o testigos, es decir, o autores de cohecho (activo/pasivo), o nada. Quienes reconozcan un pago, estarán plenamente incursos en el delito de marras. Si pagó por fuera del sistema, debe ser imputado. A cada momento, el objetivo es más claro: ir hacia un escenario que prolongue la tramitación de la causa, hasta que todo prescriba. Otra frustración grave en relación al rol de la justicia en nuestra sociedad.
Licencias y truchadas III. Desde adentro del propio departamento de Transporte y Tránsito nos cuentan: “Nuestra intención es que se haga saber que hay mucha gente que está involucrada, apañada por el poder político. Por caso, el interventor del área, Guillermo Iglesias, ha designado a Alda Martínez como encargada del área de tramitación de carnets, en conjunto con Yadia Scaramuchino, también con una fuerte relación personal con Adrián Alveolite”. Asimismo, la fuente sostiene que actualmente Guillermo Iglesias está “apretando” al resto del personal para que atestigüe en contra de los denunciados.
La fuente brinda más detalles de la normal operatoria: “Hemos recibido y tenido que hacer más de una vez favores como atención a amigos, familiares y políticos, rompiendo las reglas. El año pasado se presentó un sumario que decía que finalizábamos los trámites sin verificar si tenían o no infracciones municipales; lo cual era cierto, pero no por beneficiar a las personas, sino que se caía el sistema municipal”. La fuente sostiene que para evitar problemas con la gente que concurría, Iglesias los obligaba a trabajar sin sistema, lo cual, sabían, era a todas luces irregular. Sostiene además que están ansiosos por la constitución de la comisión de seguimiento, para presentarse ante la misma. Hay también denuncias de personal en dicha dependencia que trabaja en negro.