Según pasan los años. Fue hace cuatro años cuando el abogado José Luis Palenzona denunció al juez de trabajo Humberto Noel. La denuncia de marras fue procurada por la Fiscalía de Delitos Económicos, hasta llegar al punto de tener que elevar la acusación fiscal conocida en el argot como “el 308” . Allí, por imperio de la ley, la cuestión fue enviada a la Procuración de la provincia, que ahora desempolvo el expediente indicando que procede elevar a juicio político la situación para establecer si efectivamente, como Palenzona denuncia, hay mal proceder de Noel, y procede despojarlo o no de sus fueros. Será de ver.
Incomodidades. El fiscal general de cámaras Daniel Adler, quien junto a su señora esposa Paola Pimpinato goza de un status económico envidiable -embolsan entre ambos unos cien mil al mes- no la está pasando nada bien socialmente. Concurrió hace semanas a la Fiscalía General provincial en visita de cortesía, y grande fue su sorpresa al tender la mano a un funcionario de alto rango, que abrió sus palmas y mirándolo a los ojos le dijo: “No, no. Yo aún pertenezco al Poder Judicial”. En otro episodio para su olvido personal, en final de clases escolares se saludó efusivamente con el mismo abogado que lo denunció junto a Gils Carbó por usar el poder público para acciones de persecución criminal impropias, todo ante la sorpresa del letrado, que no atinaba a reaccionar. Finalmente, con un pequeño atisbo de sentido común, se retiró del recinto en que se hallaban, sin ser saludado por la mayoría de los presentes, que lo esquivan como si portara el virus del ébola.
Voltereta. Los padres de Yésica Parra han dejado al desnudo, en su furia, el comportamiento del fiscal Pablo Cistoldi, a quien denunciaron ante la Procuración con muy duros términos para la conducta esperable de un funcionario judicial. Dicen en su denuncia que desde la Fiscalía les aconsejaron la realización de marchas y manifestaciones, a pesar de la ilegalidad de las mismas. “Nos prometieron que el proceso terminaría con un juicio abreviado con el máximo de pena de inhabilitación de 10 años –sin la conformidad de los imputados- y luego de la requisitoria de elevación a juicio cambiaron de parecer. El fiscal, con ánimo de enervar aún más nuestra indignación, nos dijo en forma textual: ‘Es para cagarlo a trompadas’, instigándonos de esta manera a la violencia, siendo de una gravedad institucional, ya que no se puede permitir este tipo de accionar en un funcionar público”. Por cierto que no . Será interesante ver la respuesta de Cistoldi, y si por fin sale a la luz qué es lo que hay en este tremendo tema en el que el final de la vida de Yésica parece ser ya una anécdota menor. Tristemente, por cierto.