Tribunalicias I. Una vez más, las mandas de la Corte quedarán como texto muerto. Esta vez, en el Ministerio Público, la cuestión pasa por la Defensoría, cuya jefa es Margarita Boeri. El senador Juan Esteban Curuchet, que hasta ahora no logró la designación de su amigo personal Pablo Porzio como juez civil, recientemente consiguió promover al cargo de defensor oficial penal al doctor Christian Rajuán. Una vez asumido el cargo, Curuchet le exigió al flamante defensor el nombramiento de Javier Arriola como funcionario letrado de la defensoría pública. ¿Quién es Arriola? Es el presidente de la Fundación Curuchet, e hijo del ex juez de la Cámara Penal de Apelaciones de Mar del Plata. Ahora Rajuán se encuentra en una situación bastante incómoda por cierto: deberá decidir si cumple con el pedido de su “padrino político” y propone a Arriola como letrado, o acata la manda de la Corte que indica dar espacio en ascensos a personal idóneo de cada unidad legal y designa a alguno de los tantos abogados de carrera en la defensa pública en condiciones de ascender. Como es público y notorio, de nueva política nada: amigos son los amigos, y si hay padrino, ni hablar.
Tribunalicias II. Está complicadísima la situación del Ministerio Público fiscal en torno al asesinato de Atilio Canales, ayudante de fiscalía en Pinamar. Hay dos situaciones que bien conocen y buscan soterrar bajo la alfombra dos fiscales generales, Fabián Uriel Fernández Garello por Mar del Plata, y el fiscal general del Departamento Judicial de Dolores, del cual depende Pinamar. Una de las situaciones es íntima y va directo a la vida privada de Canales; por otro lado, hay cuestiones funcionales relacionadas con su asesinato en la puerta de su hogar. La clave la habría dado un detenido en Batán apodado “el Ruso”.
Sobre juicios y verdades. Al inicio del denominado Juicio por la Verdad en Mar del Plata, sólo los distraídos no advirtieron el sesgo ex profeso que tomaban las sesiones del mismo. Uno de los que se dio cuenta y no participo más de la jugada fue el abogado sobreviviente de la noche de las corbatas Carlos Bozzi. Bozzi representó a Mirta Masid en una denuncia que fue enviada a Capital Federal y que pone en riesgo a actuales actores de los denominados “sectores por la defensa de los derechos humanos”. El tema Masid, reflejado fuertemente en la 99. 9 por el abogado Horacio Insanti, provoca el mismo fundamento del juicio al que esta semana, en su reinicio, comprometió su presencia militante la FUM de Mar del Plata, jóvenes que van a ser testigos de una pieza importante y nunca esclarecida del pasado sangriento de la ciudad.