La administración de Gustavo Arnaldo Pulti está cruzada por la corrupción como pocas veces se ha visto en esta comunidad. ¿El tema?, los carnets de conducir. Lo no tan obvio, pero estimable la cadena de acuerdos que permiten que estas cuestiones sean posibles.
En estas horas, cuando Juan Carlos Belmonte aún sigue detenido en la UP 44, los compañeros de ruta le enviaron un poderoso mensaje. Mediante el decreto 969, con la firma del propio Pulti, se lo removió de la lista de exonerados y sujetos a sumario, aduciendo que su condición de integrante del cuerpo de delgados municipales no permite continuar con dicha condición.
Es obvio que las expresiones a los gritos que se le atribuyen a Belmonte al momento de ser detenido -“yo la juntaba para vos” y “tengo la lista de todos lo que Pulti me envió para hacerles el carnet”, han sido motivo de reflexión para el intendente y el secretario general del Sindicato de Municipales, Antonio Gilardi, un aliado imprescindible.
Tal como ya he referido, Juan Carlos Belmonte había sido apartado de funciones en el área de Tránsito en 2005 por Daniel Katz. Reincorporado por decreto de Pulti en 2008 a dichas funciones, se determinó que ocuparía dicho cargo hasta que el mismo fuera llamado a concurso. En 2014 Pulti aún no había tenido tiempo de concursar el mismo.
En la reunión que el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello mantuvo con los concejales de la comisión de seguimiento de este singular caso de corrupción, Garello ratificó el rol de informante de la investigación del hoy interventor del área de licencias de conducir, Guillermo Iglesias. Un punto intrigante, ciertamente.
Garello apuntó que es muy difícil estimar el monto de la recaudación y el nivel de fraude, pero habló de cifras millonarias. El gremio municipal, que bien se cuida de abrir la boca en relación a este tema, hacía saber por medio de uno de sus lenguaraces de teclado “lubricado”, que no apoyaría a ninguno de los encartados en la maniobra y que todos estaban a su suerte. Está dicho que “todos” excluye a Belmonte.
Distinto es el caso de Eduardo Bruzzeta, sobre quien pesa una denuncia penal por extorsión, entre otras tipificaciones del Código Penal -ver más información en la investigación central de la presente edición-. Bruzzeta ha sido fuertemente cuestionado por el concejal Mario Rodríguez, y también abundó sobre él el vocero del STM, Hugo Poli: “Sabemos que armó un grupo especial de inspectores, pero no sabemos cuán legal es”. Traducido: Bruzzeta no es del palo, viene de otra rosca. Que se las arregle.
Esta semana en la que Adrián Alveolite finalmente concurrió a plasmar sus huellas dactilares y sacarse la foto en la OTIP, también debió presentarse en la fiscalía de Pablo Cistoldi para declarar en una causa que hace palidecer a todas las demás. No es ya una cuestión de allanamientos impropios ajenos a las regla; es el caso de corrupción más grosera perpetrada por esta gestión comunal: el “caso Dolfish”.
Bajo ese nombre de fantasía, Dolfish, opera una planta de congelado de pescado que tiene por titular a Isidro Omar Cohen, hoy literal “okupa” de dicha planta. Cohen opera la planta que no es de su propiedad hace algo más de una década. Ha resistido todo intento de desalojo, aupado por fallos inconcebibles de los procedimientos judiciales, y provocado una denuncia de la OPDS que llevó a Alveolite esta semana a declarar extensamente ante Cistoldi. Se trata, sí, de millones. Es un caso de corrupción que llevó a un secretario de esta administración a decirles a los empelados municipales de la Delegación Puerto “ustedes ahí no se meten”, y pegando con la mano sobre la mesa, más: “ustedes, con los negocios nuestros, no se metan”. ¿Se entiende?
