Acoso y derribo

Debiera decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Desde el triunfo mismo de Carlos Fernando Arroyo en 2015 la postura de llevarlo a renunciar al cargo fue sistemática, llevada adelante mediante una colusión de intereses entre sectores políticos que han representado por años la mise-en-scène de estar en bandos opuestos, pero acordando metódicamente el reparto de cargos y prebendas. Doce millones de pesos en asesores es un monto demasiado alto, que no explica la paupérrima performance legislativa vernácula.

Desde la llegada de Hernán Mourelle a la Secretaría de Hacienda la característica disruptiva de la gestión se aceleró intensamente, y los choques con los articuladores del poder son cotidianos. Un dato crucial es que se paguen salarios en tiempo y forma. Esa novedad dejo sin herramientas al Sindicato de Municipales que por dos meses no hallaba ariete para golpear a Arroyo, generar conflictos, y con ello títulos denostativos en la media local.

La oportunidad de agitar vino de la mano del reordenamiento en materia de salarios al sector docente municipal y la negociación paritaria. Los dirigidos por Antonio Gilardi y Daniel Zacarías han rechazado toda propuesta y en cada ocasión alejan la línea de un acuerdo con la intención maquiavélica de dañar política y económicamente a la gestión del Intendente. La  novedad de declarar quite de tareas con concurrencia es, de por sí, una canallada: concurren, no trabajan, pero perciben el valor de la jornada. Un mundo ideal.

La incorporación a esta movida ya ciertamente destituyente de Rubén García, líder del FESIMUBO, dio a la misma impronta política provincial y dejó en claro, en una frase de él, que lo que piden no es paritaria, o un aumento determinado: lo que buscan es agitar, para provocar la caída del gobierno de la ciudad. García, “El Cholo”, es un PJ “counrba”, acostumbrado a ir de apriete y de arrebato. Este personaje nefasto a su aire anunció que, o les dan el aumento que piden, o van a arruinar el verano 2019. Textualmente señaló: “si no arreglamos este problema no van a tener temporada. No es una amenaza, es una promesa: les voy a cortar la ruta, no va a entrar un turista”.

Es cuando menos curioso que García movilice a Mar del Plata y amenace del modo que lo hace ante el silencio de la política de la ciudad. En sus propias palabras, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez: “desde que asumió en Merlo, demonizó la ley que es producto de años de lucha de los trabajadores, diciendo que es inviable”. En esas mismas declaraciones, luego agregó: “¿Cómo no va a ser inviable si los trabajadores ganan 3.700 pesos de básico, cuando por la ley debe ser el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil que desde enero es de 9.500 pesos”.

Según el propio García, allí en el conurbano, Provincia de Buenos Aires, el salario pagado por un intendente del PJ es misérrimo y no se ajusta siquiera al estándar mínimo que fija la ley; mientras que por otro lado, un estudio de la gobernación provincial ubica a Mar del Plata como el tercer distrito en volumen de recursos destinados a pagar a la planta municipal, que es un 75% más alto que la media provincial.

Las razones son políticas, de mala política: la política de acoso y derribo destituyente.