Es un hecho indiscutible que la barbarie está entre nosotros. La saga iniciada en Rosario con el apaleamiento que llevó a la muerte de David Moreyra, de 19 años, está replicando en todo el país. Esta semana ocurrió en nuestra ciudad, en un episodio que aún no generó mayor repercusión quizá porque no hay registro fílmico del mismo.
Ocurrió en Luro y 180. Empleados de un supermercado, al advertir que un joven pretendía llevarse productos de las góndolas del establecimiento sin pagar, lo rodearon, lo sacaron a empujones entre gritos de “ladrón de mierda”. Así fueron sumándose varios de los presentes, dándole patadas y golpes al individuo ya en el piso.
Como otros delincuentes, éste también le debe su vida a la policía, que llegó en unos diez minutos. Pero no siempre ha ocurrido así. Ya en 2010 se habían registrado casos de muerte en vindicta propia. Un fallo que data de septiembre de 2013 dejó libres de culpa y cargo a un grupo de vecinos imputados de la muerte por apaleamiento de un menor de 15 años, Lucas Navarro, sorprendido cuando pretendía robar un auto en el barrio los pinos en La Matanza.
Esta semana, el canal América 24 mostró imágenes de cámaras de seguridad en el Gran Buenos Aires, donde se ve a vecinos o meros transeúntes que muelen a palos a delincuentes sorprendidos en distintas ocasiones de robo. Nada que no haya acontecido antes, pero sí más registrado, y se implanta en los medios desde una nueva perspectiva, enmarcada en un hartazgo creciente ante la inacción del Estado.
La obcecación garanticida del sistema represivo del Estado lleva a esta situación que ahora, por notoria, se aprecia como un desborde peligroso. Hace que paniaguados que han vivido toda su vida de la teta del Estado se pongan a dar lecciones de moral comprensiva del bien y del mal, diciéndonos a todos que retrocedemos en cuatro patas. Sin embargo, vivir en ausencia de lo que ocurre, por estar en un “limbus” de comodidad rentada por la hacienda pública, lleva a este éxtasis ante estos acontecimientos, cuando lo que se demanda desde la sociedad no es el éxtasis sino la acción precisa y efectiva.
Esta situación actual es la consecuencia de treinta años de prédica y acción minimalista del Estado en materia de seguridad. Quedó perfectamente plasmado en lo que le tocó vivir al actor y abogado Gerardo Romano: actuar como un ciudadano de bien, responsable, tuvo por recompensa el fruto amargo de la liberación de un delincuente en menos de siete horas por parte del juez Fernando Cubas.
Tal como se ocupó en señalar el abogado Martín Ferrá en la 99.9, “el juez (Cubas) podría haberse tomado los cinco días que le da el Código para tenerlo detenido, y el fiscal en turno pedir el allanamiento de morada del delincuente”. En su comunicado a los medios, Cubas señaló: “En el caso no se presentan ninguno de los riesgos procesales previstos en la ley, que hubieran permitido el dictado de la prisión preventiva, dado que el justiciable no posee antecedente condenatorio alguno, se constató que vive donde indicó y no registra ningún pedido de captura dispuesto por otro Tribunal”. Para Cubas, el autor del delito, que cuenta con una causa abierta desde 2103, es apenas responsable por tentativa de hurto, aunque Romano, que estaba allí y no desconoce el texto de la ley, asegura que no fue tentativa, porque ya se había apoderado del bien. Un concepto bien claro, que todos, conozcamos la letra de la ley o no, podemos comprender; salvo los garanticidas, que creen que todo es consecuencia de la inequidad social, por lo tanto, que la responsabilidad final es de la víctima, y su delito es la posesión de un bien o un estado de bienestar del que su víctimario se siente privado. Y así, no hay salida posible.
