El gesto llegó como un regalo para algunos, al filo de la Navidad, pero no se trataba de Papá Noel con sus renos cargados de presentes: fue una manda judicial que se dictó al calor de la moda de dar por sentado lo que se publica en los medios en términos ideológicos, negando los hechos y buscando el elogio fácil de la media porteña.
La determinación, por parte de los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini, de declarar nulo el juicio por jurados que determinó la «no culpabilidad» de los jóvenes acusados de violar en manada en el camping El Durazno a una menor de 14 años, es de una brutalidad anticonstitucional y jurídica, que debería tomarse como un caso de estudio a la hora de determinar cómo no debe procederse en materia de aplicación de la ley.
El juicio por jurados es la máxima expresión de la soberanía popular. La constitución de 1853, luego ratificada por la reforma de 1994, lo coloca en la cima de lo que tiene que ver con las posibles expresiones del poder ciudadano. No se trata tampoco sólo de leyes y de constitucionalidad: la decisión es un varapalo de hecho para la misma idea del valor del servicio de justicia.
Esta decisión de Borinsky y Violini sigue la línea perversa aplicada en la instrumentación del jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas en el caso por la muerte de Lucía Pérez: por razones políticas, en La Plata se ha decidido usar el poder para disciplinar a todo el poder judicial de la provincia de Buenos Aires. Ahora, las causas que involucran la sospecha de un delito sexual sólo pueden tener un único resultado: culpable, sin importar los hechos o las evidencias.
Pero no se trata de una tendencia nueva, sino de algo que comenzó hace ya varios años, luego de la violación y asesinato de Natalia Mellman en la ciudad de Miramar, ocurrida en febrero del año 2001. Los hechos fueron manipulados y la sentencia dictada a medida de las necesidades del poder político, apañadas por un servicio de justicia que ha sido cooptado por mecanismos de poder que son absolutamente ajenos a la plena vigencia del derecho.
Los tres casos tienen un mismo hilo conductor: la necesidad política de aparecer correctos ante la mirada de los grupos de izquierda que son militantes de una versión extrema del feminismo, aunque no son los únicos que interactúan en este tipo de casos buscando fijar un modelo en donde los castigos sean siempre efectivos y brutales.
En el caso de lo sucedido en el camping El Durazno fue claro, apenas pasadas unas horas de los hechos investigados, que nada de lo citado y expuesto en tono de denuncia a través de los medios de comunicación podía sostenerse. No hubo ninguna violación en manada, tampoco hubo «varios actores» y, tal como publicamos en este medio, existe una declaración, ratificada en el plenario, que ubica claramente a la joven en cuestión ejerciendo, según su libre albedrío, su sexualidad.
Es cuando menos histérico que la misma sociedad que promueve la disolución de las reglas de la moral promoviendo el «amor líquido», el consumo libre de drogas y la banalidad del mal, actúe en estos casos de manera medieval, de forma que sólo parece que cupiera la hoguera para los sospechosos y en donde ya el veredicto está escrito, sin importar cuáles sean los hechos que queden demostrados.