Esta semana fue infausta para cualquier persona que aún se mantenga apegado a la idea de un Poder Judicial autónomo, cuyo objetivo es hacer imperar la ley de forma adecuada y sensata.
La condena al ex policía Ricardo Panadero a 22 años por la infausta muerte de Natalia Melmann, es un clavo más en el ataúd de la credibilidad del servicio judicial en la provincia de Buenos Aires y, en particular, en el departamento judicial Mar del Plata.
En el llamado «caso Melmann» —un crimen cometido en el año 2001, en Miramar— ha servido de modelo para este tipo de hechos en los que es imprescindible contar con la condena a algún agente público —o a varios, como fue en este caso—, con el objetivo de traccionar, en el plano civil, contra el gobierno provincial para así obtener un resarcimiento económico.
Sólo se trata de dinero. La condena estaba ya escrita, tal como sucedió también en el caso de Lucía Pérez. No se trata de dejar crímenes impunes, sino de lo que ocurre cuando la verdad es dejada de lado por intereses políticos que, por lo general —nada curiosamente— tienen que ver con los de algunos gobernantes del partido justicialista.
Fue Carlos Ruckauff quien, asustado por la repercusión periodística que tuvo el crimen —destacaba en esos años la cobertura que hizo Crónica TV de las marchas—, comenzó a presionar por una salida pronta que corriera el tema del centro de la escena. De allí en más, todas las decisiones, fueron políticas. Hoy, también lo son.
Panadero había sido absuelto en junio del año 2018 por los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Jorge Peralta. A fines de 2019, el Tribunal de Casación anuló ese falló y ordenó que el ex policía fuera nuevamente a juicio. Como se ve, un modelo claramente político. Este juicio estuvo custodiado por el gobierno peronista de Axel Kicillof.
En la página oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires puede leerse: «Laura Calampuca y Gustavo Mellman, mamá y papá de Natalia, presenciaron la lectura de la sentencia acompañados por la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas; la directora de Región Quinta, Yamila Zavala Rodríguez; familiares de víctimas de femicidios y de violencia institucional; y organizaciones sociales y feministas de Mar del Plata».
Los jueces del Tribunal Oral 3 ya tenían escritas sus sentencias. Este juicio, al igual que lo fue el segundo juicio por la muerte de Lucía Pérez, fue una parodia. Para que no queden dudas, cito las palabras de la funcionaria política que actúa como «comisario del pensamiento» en esta temática: «la subsecretaria Flavia Delmas afirmó: “Fue una jornada muy importante porque nuevamente estuvimos en la ciudad de Mar del Plata a la espera de una sentencia judicial en la que, después de tantos años, se condenó a uno más de los asesinos de Natalia” y agregó: “En diálogo con la familia nos decían que hay un poco de alivio, se respira un poco de justicia y, además, hay que leer la sentencia porque fundamenta muy bien que fue un femicidio aunque el hecho haya acontecido antes de la aprobación del artículo en el código penal”».
¿Más político un fallo? Difícil de conseguir.